Málaga traslada a la UE el «colapso» de movilidad en la Costa del Sol

Una nutrida delegación de representantes del PP en diferentes instituciones viajó esta semana pasada a Bruselas para mantener una reunión ante la delegación de Transporte Sostenible y Turismo de la UE para dar traslado de los «graves y acuciantes» problemas de movilidad que atraviesa la provincia de Málaga, con más de un millón y medio de habitantes y en continua expansión demográfica. Al frente de la representación, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, a la sazón presidenta provincial del PP, a quien acompañó un grupo de alcaldes de municipios del litoral y del interior malagueño. Navarro entregó al gabinete del comisario europeo de Transporte Sostenible y Turismo, Apostolos Tzitzikostas –a quien se ha cursado una invitación para que conozca la problemática in situ según ha podido saber LA RAZÓN–, un dosier con información y datos técnicos de la situación en materia de movilidad.

Todo ello, con el objetivo de que la UE «tome conciencia» de la realidad que atraviesa la provincia de Málaga que, según refiere la citada documentación, «es una de las áreas metropolitanas del mundo con gran movilidad interurbana y mayor utilización del vehículo privado» con registros de casi del 90% de los desplazamientos «porque no hay alternativa para los ciudadanos que se ven abocados a representar la tasa más baja de utilización del transporte público de Europa». «Ante el abandono patente del Gobierno, vamos a seguir tocando todas las puertas que sea posible», apuntan fuentes populares para insistir en que «no es de recibo que hubiera una reunión con el Ejecutivo para abordar la movilidad y el tren litoral y más allá de un posterior encuentro técnico no se ha vuelto a convocar nada». En este sentido, inciden en que «un año después, seguimos en la casilla de salida, porque lo único que se ha sugerido es plantear algún estudio, pero nada de lo analizado y exigido, como la idoneidad de aprobar siquiera plantear exenciones en el que es el peaje más caro de España, en la AP-7». Son, según recuerdan las citadas fuentes, «quince millones de turistas los que anualmente visitan el destino y asisten atónitos a estos cada vez mayores problemas de movilidad en la provincia».

Una de las principales reivindicaciones de los dirigentes del PP malagueño es el tren litoral que ha de vertebrar la parte occidental de la provincia y unirla a través de esa infraestructura con el Campo de Gibraltar, en Cádiz, un proyecto del que se viene hablando casi medio siglo, sin que se haya acometido iniciativa alguna para comprometerlo. A juicio de los populares, la pretendida infraestructura se amortizaría en cinco o seis años, gracias a los ahorros que generaría a empresas y familias, al tiempo que acarrearía beneficios en materia de siniestralidad y seguridad, respectivamente.

Otro de los «hándicap» del ámbito ferroviario es el tren de Cercanías que una Málaga con Fuengirola, al «límite» de su capacidad, y que, pese a ser una de las líneas más rentables de todo el país, «necesita muchas mejoras, de manera urgente». Además, es «perentoria» la ampliación de su horario, para «cubrir horas nocturnas en las que muchos turistas llegan al aeropuerto y no tienen ya operativo ese servicio, al igual que a primeras horas de la mañana».

Por último, se incide en la vertebración con el interior de la provincia a partir de frecuencias ferroviarias reducidas desde la época de pandemia con la comarca de Ronda. La «estrategia» de los populares malagueños se ha visto reforzada en las últimas semanas a partir de su «clara alianza» con el área del Campo de Gibraltar en la provincia de Cádiz, a la que consideran «igualmente abandonada por el Gobierno». En este sentido, recientes encuentros con representantes públicos y políticos de sendas provincias han puesto de manifiesto «la nula intención del Ejecutivo de acometer las infraestructuras necesarias, y lo poco que se ha hecho en los últimos años».

Pero, señalan desde el PP, “hay necesidades comunes entre ambos territorios que no sólo se circunscriben al ámbito de la movilidad, sino que aluden a cuestiones tan importantes como la seguridad o las infraestructuras hídricas, “que añadidas a la permanente inacción del Ejecutivo de la Nación, suponen un lastre y freno al desarrollo y proyección que quieren y deben materializar ambas provincias”.