Mina de Aznalcóllar: el futuro laboral de la comarca se despeja

Con una salva de cohetes y con las campanas de la iglesia tocando de manera incesante. Incluso el alcalde, Juan José Fernández, comentó que iba a declarar festivo el día de ayer. Con mucha alegría anunciaron el Ayuntamiento de Aznalcóllar y la Junta de Andalucía la autorización, por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas, del proyecto de explotación y el plan de restauración de la mina de este municipio sevillano. De esta manera, Minera los Frailes iniciará los trabajos de reapertura este mismo verano y las extracciones comenzarán en 2028, justo cuando se cumple el 30 aniversario de la rotura de la balsa en este mismo enclave que provocó el mayor desastre medioambiental de Andalucía.

La Junta, en este sentido, ha tomado todas las cautelas para que este trágico episodio no se vuelva a repetir. La empresa recibió en 2024 la Autorización Ambiental Unificada. El consejero del ramo, Jorge Paradela, recordó que el 17 de julio de 2013 el Parlamento de Andalucía aprobó por unanimidad devolver la actividad minera a Aznalcóllar y subrayó que el proyecto de Minera los Frailes «no es una reapertura, sino un proyecto totalmente nuevo que contempla una mina subterránea y no a cielo abierto, y que no dispondrá de balsas de residuos».

Así, una parte de los residuos procedentes del tratamiento del mineral se aprovechará como relleno en el interior de la mina y otra se depositará en una de las antiguas cortas mineras, denominada Aznalcóllar, a efectos de restauración. Se trata de una práctica que «está reconocida como mejor técnica disponible por la Unión Europea», remarcó.

El consejero incidió en que las actuaciones de rehabilitación ambiental que la empresa se compromete a realizar durante el desarrollo de la actividad y cuando concluya la vida útil del proyecto cuentan con un presupuesto de 42,5 millones de euros, a lo que hay que sumar la garantía financiera que la empresa constituirá, «de manera voluntaria», en términos de responsabilidad ambiental de 20 millones, que «es la máxima contemplada en la legislación, de manera que destinará más de 60 millones a garantías de naturaleza ambiental», señaló.

Asimismo, destacó que el proyecto de la nueva mina «viene a aportar una solución para depurar el agua que se encuentra almacenada en las cortas de la antigua explotación minera y que se realizará aplicando las mejores tecnologías disponibles». En esta línea, afirmó que la huella hídrica del proyecto es reducida, ya que «más del 80% del agua que se utilice para el tratamiento del mineral se va a recircular en el propio proceso».

Este último trámite era esperado por el municipio y por la comarca como agua de mayo, una zona especialmente castigada por el desempleo y donde el fenómeno de la despoblación está muy presente. El nuevo proyecto minero generará en torno al millar de empleos directos, indirectos e inducidos durante la fase de construcción y unos 2.000 durante la fase de operación. Cuenta con una vida estimada de al menos 20 años, incluyendo las labores preparatorias. En cuanto a las previsiones de explotación, cuenta con reservas de unos 45 millones de toneladas de sulfuros polimetálicos (zinc, plomo y cobre), con una producción media estimada de 2,7 millones de toneladas por año.

La reacción de los ecologistas no se hizo esperar. Anunciaron que llevarán a los tribunales este trámite y alertaron de que el proyecto «convierte a la vieja Corta de Aznalcóllar en una balsa de lodos tóxicos durante los próximos veinte años». Pero esta no es la única acción judicial que emprenden. Está pendiente el juicio por delitos de corrupción en la adjudicación de 2015, en la que Ecologistas en Acción ejerce la acusación popular por un posible delito de prevaricación ambiental, y también mantiene un contencioso administrativo ante el TSJA contra la Autorización Ambiental Unificada. A su juicio, la mina de Aznalcóllar «es una amenaza ambiental y económica para el Estuario del Guadalquivir, el Corredor Ecológico del Guadiamar, Doñana y su entorno», subrayando que su reapertura es una decisión «irresponsable, temeraria y contraria al interés general de la ciudadanía andaluza». «Supondrá un vertido total de 85.5 hectómetros cúbicos de aguas contaminadas», alertó.