El petaqueo en la provincia de Cádiz sigue en aumento

Pese a la voz de alerta y la preocupación de asociaciones de la Guardia Civil, colectivos sociales antidroga y ciudadanos, poco o nada parece cambiar en la costa de Cádiz en torno a la problemática del petaqueo. Basta con asistir al trasiego, casi diario, que viven zonas como el Caño de Sancti Petri, en Chiclana, para constatar que, lejos de disminuir, este fenómeno de aprovisionamiento de las narcolanchas en el mar está en aumento. Actividad que, debido al transporte por carretera de grandes cantidades de gasolina en furgonetas, comporta riesgos para el conjunto de la ciudadanía que van más allá del narcotráfico. Y es que, como vienen alertando desde hace años los diferentes colectivos de la Guardia Civil, estas furgonetas se antojan auténticas «bombas de relojería» que circulan por numerosas carreteras y zonas habitadas.

No obstante, por curioso que pueda parecer, el petaqueo no ha adquirido categoría de actividad delictiva hasta hace unos días, cuando los jueces de la Audiencia de Cádiz acordaron dicha consideración en base al artículo 568 del Código Penal, ya que pone en riesgo consciente y voluntario la seguridad colectiva. Con unas penas previstas por el desarrollo de dicha actividad que van desde los tres a los ocho años de prisión, la decisión de la Audiencia de Cádiz ha sido aplaudida por los colectivos antidroga y por las asociaciones de guardias civiles, que, eso sí, no creen que vaya a mermar en gran medida el petaqueo.

«La noticia, sin lugar a dudas, es satisfactoria, ya que, como venimos denunciando, es una actividad que trae consigo importantes peligros. Algo que hemos podido constatar recientemente con el incendio de una furgoneta y de una gasolinera en Chiclana».

Pese a ello, José Antonio Belizón, delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC), no cree que «esto vaya a hacer mucha mella entre quienes se dedican a esta actividad en las costas de Cádiz». «Como es sabido, del petaqueo depende la actividad del narcotráfico en nuestra zona y, por ello, estamos convencidos de que se va a seguir desarrollando».

Eso sí, «su consideración como delito va a traer consigo que tengamos más tiempo en la cárcel a las personas que se dedican a ello, algo que hasta ahora no sucedía, lo que provocaba que ejercieran su actividad con total tranquilidad». «Hasta la fecha», recuerda, «lo único a lo que tenían que hacer frente los petaqueros cuando eran detenidos era a una multa y punto». «Aunque a veces no se sea consciente», subraya, «cualquier variación de temperatura, presión o incidente por parte de los vehículos que transportan estas grandes cantidades de gasolina pueden ocasionar grandes desgracias; más aún si tienen lugar en zonas muy pobladas».

Tal y como apunta el delegado en Cádiz de la Asociación Española de Guardias Civiles, la actividad del petaqueo se ha incrementado en la zona por dos razones.

La primera «por el aumento de la actividad del narcotráfico y, la segunda, porque, a diferencia de lo que ocurría antes, las embarcaciones que utilizan ahora para mover la droga por la costa van provistas de varios motores de gran potencia y, por tanto, con consumos muy altos».

«Antiguamente, se utilizaban mucho las embarcaciones de recreo, con motores muy convencionales, de unos 40 cv, que no necesitaban de un aprovisionamiento constante de combustible. Ahora, en cambio, se emplean embarcaciones por y para el narcotráfico de gran envergadura», asegura.

La Junta abre en Málaga el cuarto depósito judicial

La Junta de Andalucía acaba de abrir el cuarto depósito judicial en Málaga para custodiar vehículos y narcolanchas, concretamente en el término municipal de Almargen. El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, recordó que tres de ellos han sido puestos en marcha por el Gobierno de Juanma Moreno, ya que hasta 2019 «solo teníamos uno legalmente contratado en la provincia de Sevilla inaugurado en 2010 y que daba servicio a Málaga». Unas instalaciones muy demandadas ya que «Málaga es, junto con Sevilla, la provincia donde más vehículos se incautan, muchos de ellos de alta gama».