El conflicto que mantiene el Ayuntamiento de Sevilla con la Policía Local se recrudece. La sección sindical de CSIF en la Policía Local de Sevilla ha anunciado que “hoy mismo registramos una demanda por vulneración de derechos fundamentales y pediremos la cautelar para que se paralice” el decreto impuesto por el alcalde, José Luis Sanz, la pasada semana, que establece el nivel 1 de emergencia en la ciudad. El delegado de CSIF Policía Local, Santiago Raposo, ha confirmado que el sindicato estudia asimismo “denunciar penalmente al alcalde, porque entendemos que ha incurrido en un fraude de ley, e incluso podría plantearse prevaricación”.

El responsable sindical añade que desde CSIF también se quiere conocer la opinión de la subdelegación del Gobierno, al aludir el alcalde a la seguridad, cuestión que es competencia del Cuerpo Nacional de Policía. Raposo aludió también a Protección Civil, de quien también quieren conocer su opinión: su dictamen “supuestamente debe avalar también la declaración de la fase 1 de emergencia”.

CSIF también insiste en que este fin de semana se han vuelto a celebrar eventos “sin ningún tipo de protección policial, en el sentido de los cortes de tráfico, como manifestaciones o procesiones”. “El alcalde es un irresponsable”, subraya Raposo. “Los eventos se pueden suspender o aplazar y hemos visto situaciones como al subdirector del Distrito Triana regulando el tráfico con un peto de la delegación de movilidad”, en la tarde del 29 de noviembre. Esta persona utiliza la prenda de trabajo facilitada por el Ayuntamiento para identificar a los técnicos de Movilidad de esa misma Delegación, “y este señor no lo es, por lo tanto entendemos que está haciendo un uso fraudulento de una prenda de trabajo de la delegación de Movilidad”.

En este sentido, CSIF ha solicitado por escrito, también en la mañana de este lunes, información a dicha Delegación: “si de la investigación se observara algún ilícito penal o administrativo, que se actúe en consecuencia: esta persona ha podido provocar un grave accidente, ya que no tiene ninguna formación ni capacitación para hacerlo”. Una vez investigada, podría derivar en la “instrucción de diligencias penales, en base al artículo 402 bis del Código Penal, por el uso público de uniformes oficiales sin autorización”.

“Ahora mismo estamos decretados: nos han anulado, incluso entre semana, todos los descansos, todos los permisos”. Esta situación está haciendo que la plantilla “esté reclamándonos que hagamos algo, porque no es de justicia”. “Hoy por la mañana, ¿qué emergencia hay? No existe ninguna emergencia. ¿Por qué no puedo descansar, si hay plantilla suficiente para poder atender todos los servicios? Este alcalde quiere tenernos con el pie en el cuello y no estamos dispuestos a permitírselo”. “¿Qué es lo que ha impuesto José Luis Sanz? Un plan de emergencia nivel 1 sin existir emergencias”, afirma Santiago Raposo. CSIF insiste nuevamente en su apertura al diálogo pero subraya que el alcalde “quiere echarnos toda la culpa” de la situación a la que hemos llegado, “cuando el único culpable de la situación es el propio alcalde”. Raposo indica que en seis meses, de enero a mayo, “José Luis Sanz se ha gastado más de 17 millones en productividades de la Policía Local, debido a la cantidad de eventos que tiene esa ciudad”. Una cantidad de eventos que es “inasumible con la plantilla que tiene la Policía Local: no llegamos a los 1.000 efectivos y no es culpa de los policías locales que el alcalde haya tirado la casa por la ventana a lo largo del año”.

De cara al próximo fin de semana, que coincide con el puente de la Inmaculada, “seguramente nos volverán a decretar para que para que trabajemos, pero ahí estaremos los sindicatos, para responderle al Ayuntamiento”. “Esperemos que, si la Justicia lo estima oportuno, paralice esta barbaridad de decreto”.