Predecir el número de personas dependientes para garantizar su financiación

La atención a la dependencia es uno de los mayores retos a los que debe hacer frente la administración pública. El envejecimiento de la población y la falta de financiación para atender este derecho, origina retrasos en la prestación del servicio que afectan a todas las regiones. Andalucía no es una excepción, y pese a que en 2024 se anunciaron cifras récord de número de personas atendidas en todas las provincias –442.241 prestaciones concedidas, lo que supuso un incremento de 20.980 en relación con el año anterior, según el Ministerio–, también es cierto que el Imserso, la lista de espera se ha situado finalmente en 32.099 personas y los tiempos de espera se sitúan en 602 días frente a los 557 con los que finalizó el año 2023 .

En Andalucía, la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, adscrita a la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, es la encargada de la planificación, ordenación, coordinación y dirección de los servicios de promoción de la autonomía personal, prevención y atención a las personas en situación de dependencia. Es su principal cometido: de hecho, el programa presupuestario 31R Atención a la Dependencia, Envejecimiento Activo y Discapacidad representa el gasto del 86% de su plantilla de estructura.

El proceso de mejora en la prestación de servicios es continuo, pero la falta de financiación y de personal lastran sus resultados. Para este año, la Agencia tiene previsto desarrollar un modelo predictivo de atención a la dependencia. El proyecto, en coordinación con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), pretende crear una herramienta que mediante un sistema Big Data establezca un modelo predictivo sobre la demanda georreferenciada de los recursos del sistema de atención a la dependencia que va a tener la población andaluza. Según consta en su memoria de actuaciones para este año, «esto permitirá a la administración autonómica programar presupuestariamente este gasto, así como hacer un plan de expansión para satisfacer las necesidades futuras».

Ahora bien, una cosa es tener los datos de necesidades económicas y otra muy distinta es obtener los recursos para sufragarlos. Andalucía, como el resto de comunidades autónomas, se queja de que el Gobierno de España no aporta el 50 por ciento de la financiación que le corresponde para sufragar este derecho. Y no es una situación nueva, sino que se prolonga en el tiempo: según datos de la Junta, desde 2019 y hasta 2024, siete de cada diez euros del sistema público de dependencia andaluz lo ha puesto la Junta y el resto el Gobierno de España. El anterior Gobierno de Susana Díaz también se quejaba de que desde 2012 aportaba en torno al 80 por ciento de los fondos necesarios para sufragar la dependencia en la región.

Parece indudable que el modelo predictivo en el que trabaja la Agencia de Dependencia determinará que la población que reclamará este derecho en irá en aumento, por lo que las dotaciones presupuestarias también tendrán que incrementarse. Un estudio reciente de Fedea señalaba que España afronta los desafíos de una población más envejecida y apuntaba que «la proporción de españoles mayores de 65 años aumentará del 19,9% actual al 23,8% en 2030 y al 30,3% en 2060». En este sentido, «se prevé que en 2060 algo más del 27% de la población mayor de 65 años en España tendrá 85 años o más».

Fedea, en su observatorio sobre la dependencia, admitía también que sistema «ha mejorado de manera importante en estos últimos años» y que «los recursos disponibles siguen creciendo en mayor medidade lo que crece la economía ». La cuestión es hasta cuándo puede seguir esta tendencia.

Más personal para agilizar las solicitudes

Al margen de las actuaciones a medio y largo plazo para garantizar el buen funcionamiento del sistema de la dependencia, hay una cuestión a corto plazo que hay que solventar: la falta de personal para tramitar las solicitudes que presentan los ciudadanos. Para este año, la Agencia contabiliza gastos extraordinarios relativos a la contratación de personal temporal para llevar a cabo actuaciones en un Plan de Choque en materia del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia, en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (Next Generation) y para la gestión del Bono Social Térmico.