El PSOE acusa a las empresas farmacéuticas de «presionar» a los médicos

El gasto farmacéutico es una de las partidas más cuantiosas a las que tienen que hacer frente las comunidades autónomas. El Partido Socialista, que ha gobernado en Andalucía hasta 2019, introdujo durante años algunas medidas para tratar de ahorrar que suscitaron polémica entre pacientes y profesionales. Entre ellas, las dos principales fueron la subasta de medicamentos y los incentivos para los médicos que menos prescribieran a sus pacientes. Los socialistas, que defienden hoy una Proposición no de Ley en el Parlamento para limitar el gasto farmacéutico, quieren volver a este modelo.

En la exposición de motivos del texto, el PSOE señala que el gasto farmacéutico en Andalucía supone en estos momentos un 19% del total del presupuesto sanitario, más de 2.566 millones de euros. apuntan que esta cantidad se ha incrementado en 321 millones respecto al año anterior y que el ritmo de crecimiento es acelerado: entre 2018 y 2023 la factura aumentó un 34 por ciento.

Los socialistas consideran que este incremento no es casual y que se trata de una estrategia para beneficiar a la industria farmacéutica. Apuntan que «se han debilitado y/o desaparecido algunas de las estrategias existentes en Andalucía respecto a la calidad y control de la prescripción, a favor de los intereses de la industria farmacéutica: sistema de incentivos para asegurar el uso racional de medicamentos, falta de seguimiento y revisiones de los perfiles de prescripción, formación de los profesionales financiada por los laboratorios farmacéuticos o la supresión del sistema andaluz de licitación de medicamentos de venta con receta (conocido como «subasta»), puesto en marcha en 2012 como uno de los mecanismos para la contención del gasto farmacéutico».

Con todo, lo más llamativo es que la PNL señala abiertamente a las empresas del sector por presionar a los facultativos y, por extensión, a estos por aceptar esas sugerencias. El texto, en su punto segundo, dice: «El Parlamento, de Andalucía insta al Consejo de Gobierno a que revierta la situación actual relativa a la presión de las farmacéuticas sobre los profesionales a través de la participación y presencia de estas en actividades formativas o foros científicos.

Los convenios de colaboración y patrocinio entre organismos de la Junta de Andalucía como la Escuela de Salud Pública o la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud y empresas de la industria farmacéutica son habituales desde hace décadas sin que eso asegure una predisposición de los facultativos a recetar más determinados productos. El PSOE no lo entiende así y solicita también en el punto 5 de su iniciativa que «el Parlamento de Andalucía inste al Consejo de Gobierno a diseñar un sistema de incentivos que asegure la calidad en la prescripción y que esta se realiza según los objetivos del SAS respecto al uso racional del medicamento».

Los socialistas, aunque apuntan a las empresas del sector y a los médicos, justifican la situación por la situación que atraviesa la atención primaria: «profesionales sobrecargados, con escasos minutos por paciente, con precarias condiciones laborales y cada día más desapegados y desmotivados con la organización sanitaria»

La PNL ve relación «entre la motivación e implicación de los profesionales y su esfuerzo y el compromiso en el uso racional de los medicamentos», por lo que como los facultativos no están contentos recetan más.