Los partidos de izquierdas en Andalucía ya trabajan como una coalición –a la espera de lo que haga Podemos– liderada desde Madrid por la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda María Jesús Montero ya que el PSOE sigue siendo el partido mayoritario en ese bloque. Ayer comparecieron conjuntamente las portavoces de los grupos Socialista y Por Andalucía, María Márquez e Inma Nieto, respectivamente, y su homólogo en el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García. Lo hicieron tras plantar a la consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social, Carolina España, que entregó al presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, el proyecto de ley del Presupuesto andaluz de 2026. Un acto institucional que se celebra todos los años y que oficializa la entrada en la Cámara autonómica de la ley más importante de cada anualidad: las cuentas de la administración autonómica.

La excusa que esgrimieron las formaciones de izquierda para ese plante fue que no conocían previamente las cuentas que se entregan. La realidad es que la interlocución entre el Gobierno y los grupos de la oposición está prácticamente rota desde que Montero sustituyera a Juan Espadas en el liderazgo del PSOE andaluz. De hecho, durante los meses previos al regreso de la ministra de Hacienda a la política andaluza, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, se reunía los viernes con los grupos de la oposición en el Parlamento para desbloquear asuntos, intercambiar opiniones o acercar posturas sobre proyectos en trámite. Ese canal de diálogo se rompió, no se ha vuelto a retomar y no volverá al menos hasta después de las próximas elecciones autonómicas.

En realidad, los partidos de la oposición aprovecharon la entrega del Presupuesto para escenificar un desafío al Gobierno regional de Juanma Moreno: «No puede existir la normalidad institucional si no se acepta la comisión de investigación» de la gestión de los cribados de cáncer de mama.

El frente común en la izquierda andaluza lleva semanas fraguándose. El 8 de octubre también escenificaron esa unión cuando los grupos Socialista, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía registraron conjuntamente en el Parlamento andaluz la solicitud de creación de una comisión de investigación sobre los «fallos en el cribado de cáncer de mama» en Andalucía. El artículo 52 de la Cámara regula la creación de este tipo de comisiones y la petición basta con la que presente un solo Grupo Parlamentario –el Consejo de Gobierno o la décima parte de los diputados–. Sin embargo, los tres portavoces la registraron juntos. Una vez publicada la solicitud en el Boletín Oficial del Parlamento de Andalucía si transcurren siete días sin que ningún Grupo parlamentario manifieste su oposición, se entenderá creada la Comisión solicitada, de lo que la Presidencia dará cuenta al Pleno de la Cámara. Ese plazo concluye este sábado, de ahí la presión de los grupos de izquierda para que el PP no se oponga.

En el texto los tres partidos esgrimen que «la ciudadanía y los grupos parlamentarios firmantes asistimos estremecidos a escuchar los testimonios de mujeres que, tras meses o años de olvido e inacción del SAS, han visto agravada su salud, perdido pechos o incluso su vida, como acaban de denunciar las asociaciones de afectadas».

La petición de la izquierda no solo se centra en los cribados del cáncer de mama sino que también considera que «debe aclararse si esta práctica se ha extendido a otros programas de cribado y detección precoz de cánceres, como el de colon o cérvix, cuyo silencio ante los requerimientos de los grupos parlamentarios o el anuncio de auditorías al respecto induce a sospechar», expone.

El portavoz del PP-A en el Parlamento, Toni Martín, aseguró que «no aceptarán chantajes».

No es habitual que en el Parlamento de Andalucía se desarrollen comisiones de investigación. Durante la época del PSOE en el Gobierno andaluz transcurrieron 17 años sin constituirse ninguna. En 1995 se creó una sobre la condonación de préstamos a dirigentes socialistas por parte de la caja de ahorros de Jerez, pero concluyó de manera precipitada tras las elecciones anticipadas de 1996. Hubo que esperar hasta 2012 para que se constituyera otra: la de los ERE, exigencia de IU para investir a José Antonio Griñán que, aunque perdió las elecciones ante Javier Arenas ese año, sumó mayoría con los diputados de IU. En este caso, se desarrolló hasta el final pero se cerró en falso, sin un dictamen consensuado.

En la actual legislatura, aún permanece vigente –aunque sin apenas desarrollo– la comisión de investigación de la Faffe que el PP, Ciudadanos y Vox impulsaron en la anterior legislatura.