Amnistía: cinismo de los Sánchez y seguidores

Llegada la amnistía al punto que ha llegado –meses discutiendo sobre la inconstitucionalidad o no de la medida de gracia absoluta– y rechazada por el Congreso, siendo devuelta por la presidenta de la Cámara la señora Armengol a la correspondiente comisión para hacerla más del gusto del abogado Boye, por cierto condenado por terrorismo de ETA por su participación en el secuestro de Emiliano Revilla, resulta obligado, en mi condición de abogado y ahora Diputado adscrito de la comisión de justicia, hacer algunas reflexiones sobre esta decisión antes de que sea aprobada si es que, finalmente, es del gusto de abogado anterior –por cierto declarado insolvente en 2004, y embargado en 2020 por la Audiencia por cuanto aún siguen sin atenderse la responsabilidad civil de dicha condena solidaria–.

Pues, bien, si retrocedemos en el tiempo, si nos vamos a la Ley de Amnistía de la Transición, vemos que quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política cometidos hasta el 15 de diciembre de 1976, estos son todos aquellos cometidos durante la Dictadura y se amplía el período a otros actos, también delictivos, que se hubieran cometido con la misma intencionalidad hasta el 6 de octubre de 1977, precisando en esta ocasión o sometiendo a una condición que «no hubiera existido violencia con grave peligro contra la vida o la integridad física de las personas».

No es necesario ser un lince para comprender que la razón de ser de la Ley de Amnistía de 1977 no fue otra sino la de liberar a quiénes habían puesto en peligro su derecho a ser libres e iguales y no ser condenados por tratar de recuperar la libertad. La diferencia es rotunda con lo que se pretende ahora. Y es rotunda por cuanto mientras en 1977 se pretende liberar a quiénes pusieron su escasa libertad al servicio de todos los españoles con clara intencionalidad democrática, en la búsqueda de un estado social, democrático y de derecho, ausente en aquel tiempo, en la actualidad y desde que se aprueba la Constitución española de 1978, tal orfandad no existe porque así se define en el artículo 1 del Texto Constitucional, luego cualquier finalidad política no precisa de subvertir el sistema que nos hemos dado todos los españoles, sino que puede alcanzarse por vías democráticas, no delictivas como se ha hecho y se hizo el 1 de octubre. Si es que esto no fuera una distinción rotunda que lo es –ausencia de libertades, y libertades políticas– se añade alguna más.

No, ya, que a diferencia de la de 1977, en la que tuvieron cabida los agentes de la mal llamada autoridad, mientras que en esta no lo están; es más ni siquiera se les espera como hemos visto cuando el Parlamento de Cataluña ni siquiera ha tenido la generosidad ni la solidaridad de un minuto de silencio por los agentes asesinados en Barbate en su lucha contra el narcotráfico, sino por cuánto extiende sus efectos a exonerar de responsabilidades civiles y contables, y no reparar el daño causado ni a personas (tengo dudas) ni a la Administración, dejando sin contenido y privando del mismo las resoluciones del Tribunal de Cuentas.

Tal vez, la calificación que puede hacerse de esta decisión no sea otra sino la de entender que si este gobierno, para mantenerse en el ejercicio del poder, acepta los votos de un partido político para mantenerse en el poder y a cambio de tal apoyo permite que condenados en sedes penal y contable, o pendientes de juicio y sean amnistiados a pretexto de un conflicto inexistente.

Un conflicto que únicamente han generado los propios condenados al acudir a las vías de hecho, forzando al Congreso a acudir a la vía del 155, habrá que pensar gonzalos boyes en vías que realizando una conducta contraria a los deberes de su cargo, de sujeción al principio de legalidad y de igualdad ante la ley de todos los españoles, diferenciando entre aquellos delincuentes que con la ayudad de un partido político determinante les permite estar en el poder y aquellos otros que, no siendo relevantes, cae sobre ellos todo el peso de la Ley, en el fondo volviendo a los tiempos de 1977, en un ejercicio de cinismo y bonapartismo de los Sánchez y seguidores.