Respuesta a las organizaciones

Ley de amnistía: la Comisión Europea adoptará las "medidas necesarias" para que cumpla el Derecho de la UE

La autoridad asegura en una carta a la que ha accedido LA RAZÓN que "sigue de cerca" el proceso legislativo de la norma que se aplicará a los delitos del "procés"

Banderas europeas ondean al viento en al sede de la Comisión Europea en Bruselas
Banderas europeas ondean al viento en al sede de la Comisión Europea en BruselasYVES HERMANREUTERS

“La Comisión está analizando la proposición de Ley Orgánica, sigue de cerca el proceso legislativo nacional y se mantiene en contacto con las autoridades españolas”. Esta es la respuesta que ha enviado por carta la Comisión Europea (CE) a una de las organizaciones que más activa se ha mostrado en la defensa del Estado de derecho ante las autoridades europeas, Citizens Pro Europe. En ella se aclara que la principal autoridad europea finalizará su análisis en base al texto de la ley orgánica que se apruebe para determinar si se ajusta al Derecho de la Unión Europea y a los valores fundamentales del Trtatado.

En el documento, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, no se deja lugar a dudas de que, en caso de ser necesario, la Comisión Europea actuará. "Tenga la seguridad de que la Comisión sigue resuelta a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE y el respeto del principio del Estado de Derecho en todos los Estados miembros, así como a seguir colaborando con las autoridades españolas para defender el Estado de Derecho", señala el texto.

Citizens for Europe, junto a Foro de Profesores e Impulso Ciudadano acudieron el pasado 23 de enero a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo con casi medio millón de firmas para alertar de los riesgos que suponen para el Estado de derecho los acuerdos para la investidura de Pedro Sánchez entre Junts y PSOE. Pero el foco se uso en la proposición de ley de amnistía, que se sigue tramitando en el Congreso de los Diputados, con un plazo ampliado hasta el 7 de marzo.

El objetivo de estas organizaciones era informar a las autoridades de Europa, también a la Comisión, para que "se tomen en serio los riesgos no solo a partir de la ley de amnistía, sino de todo el acuerdo de investidura", explicó entonces a este periódico la jurista Teresa Freixes.

"Tenga la seguridad de que la Comisión sigue resuelta a adoptar las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento del Derecho de la UE"

En la Comisión de Peticiones llevaron cerca de medio millón de firmas y una investigación de más de 50 páginas que da cuenta de casi una quincena de acontecimientos en los que se vulneran los principios democráticos en España, un documento que ya se había entregado previamente a la Comisión Europea, que ha respondido a las entidades confirmando el interés sobre el desarrollo de la futura ley.

Con todo, la CE advierte que cualquier medida se adoptará una vez la ley esté aprobada. En caso de que sea necesario, no le temblará el pulso para adoptar las medidas que sean necesarias.

Investigación sobre el Estado de derecho

En el informe que se envió a la Comisión Europea y después se llevó a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, aportaba documentación adicional e informaciones relacionadas con los acuerdos de investidura, pero también ponía el acento en otras prácticas que vulneran el Estado de derecho. Entre ellas, los procedimientos legislativos y la aprobación de leyes, como la de amnistía, que se ha impulsado como proposición de ley, que recorta los plazos y elude los informes que emiten distintas instituciones cuando se tramita como proyecto de ley.

También se abordaron los cuestionamientos a la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial, con las acusaciones de instrumentalización de los tribunales con fines políticos o «lawfare», y los nombramientos de altas instituciones del Estado anulados por el Tribunal Supremo (TS), como es el caso de la exministra de Justicia Dolores Delgado o el de la Fiscalía de Menores. Asimismo, se informó del bloqueo de la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Con ello, estas asociaciones han querido poner sobre aviso en el seno de las instituciones europeas de estos asuntos que no son únicamente de naturaleza interna, sino que implican también a los principios sobre los que se funda Europa.