El Gobierno andaluz sigue empeñado en demostrar que en España existe una alternativa viable al intervencionismo sanchista en lo que a materia de vivienda se refiere. A la aprobación hace un par de semanas de la nueva Ley de Vivienda por el consejo de Gobierno, que incluía entre otros la adjudicación del 25 por ciento del suelo público para la construcción de VPO o la creación de un Portal de la Vivienda Protegida, se sumó ayer el anuncio de una nueva rebaja impositiva en deducciones del precio del alquiler, que pasará a ser de 1.200 euros, antes llegaba solo a 500, y la ampliación de usuarios beneficiarios; además de los jóvenes menores de 35 años, ahora optarán también los mayores de 65, las víctimas de violencia de género y terrorismo, o las personas con discapacidad, que podrán ver aumentada esta cuantía hasta los 1.500 euros. La norma será aplicable a personas que cumplan con estos requisitos y cuyo salario anual sea inferior a los 25.000 euros y entrará en vigor con el proyecto de ley de Presupuestos para 2026, por lo que la deducción será posible ya a partir de la próxima declaración de la renta.

Esta medida se suma a las ya anunciadas, como son las rebajas vinculadas a los animales de compañía y a los gastos veterinarios que sus dueños deben afrontar. Ahora, podrán deducirse el 30 por ciento de los mismos, con un límite de 100 euros, durante el primer año. Si el animal es adoptado, ese periodo se incrementará hasta los tres años. Y si se trata de perros guía o de asistencia, la deducción se podrá aplicar durante toda la vida del animal. En cuanto a las ventajas fiscales destinadas al fomento de la práctica deportiva y la vida saludable, el Presupuesto de 2026 incorporará una nueva deducción por gastos en escuelas deportivas, gimnasios o federaciones. Los andaluces podrán desgravarse hasta 100 euros, sin límite de renta, tanto por acudir a un gimnasio como por los gastos de menores inscritos en algún club o en competiciones. Las medidas en materia de gastos deportivos y veterinarios, así como en vivienda, forman parte del séptimo paquete de rebajas fiscales llevados a cabo por el gobierno de Juanma Moreno, quien fue el encargado de presentar esta última durante la sesión del Parlamento andaluz en el día de ayer.

«Hoy damos un paso más con esta mejora de las deducciones por alquiler. Cuando llegamos al Gobierno andaluz, lo que había era una deducción de 500 euros para alquiler para menores de 35 años que cobrasen hasta 19.000 euros», recordó el presidente.

La estimación es que esta medida alcance a 35.000 beneficiarios y suponga un ahorro adicional de 8 millones de euros en alquileres, que vendrán a sumarse a los 18 millones que ya se ahorran con las deducciones actualmente en vigor en esta materia, advierten desde la Junta, que ha centrado en esta semana en desgranar las rebajas fiscales que tiene previsto aprobar en la ley de presupuestos de 2026 y que deberá remitir al Parlamento, previa aprobación del Consejo de Gobierno, antes del 31 de octubre.

El gabinete de Moreno presenta así lo que considera una vía opuesta a la política de intervención de los precios del alquiler que ha adoptado el Gobierno de Pedro Sánchez y que, como recordó el mandatario andaluz, ha supuesto un rotundo fracaso ya que los costes se han disparado hasta un 50% desde 2017 en lo que a compra se refiere y un 30% en los alquileres, «el intervencionismo significa escasez de vivienda», proclamó el popular. En contraposición, en Andalucía el presupuesto para vivienda se ha duplicado con el actual gobierno, cuadruplicándose la construcción de VPO con el Plan de Choque que pretende habilitar 20.000 viviendas protegidas en los próximos años. Con ello, Moreno trata de mostrarse en consonancia con los andaluces, que tienen la cuestión de la vivienda como la tercera de sus principales preocupaciones según el último barómetro de la Fundación Centra, aunque como recordó en el Pleno «problema de la vivienda lo sufre el conjunto de España no solo de Andalucía, esto no es una isla».

Moreno no quiso dejar de hacer mención a la problemática de las ocupaciones, contra la cual su ley pretende ofrecer seguridad jurídica: «El problema de los alquileres también viene de las ocupaciones ilegales, que generan inseguridad al propietario y retrae el acceso de viviendas al mercado», argumentó el presidente. Y es que el combate a la ocupación ha sido una marca de identidad del gobierno andaluz gracias a lo cual se ha conseguido un descenso en las denuncias por esta infracción del 5,3% respecto a 2023. No obstante, entre 2019 y 2024 la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA) realizó 141.000 verificaciones administrativas y recuperó 4.538 viviendas. Para terminar de dar solución a esta situación, la nueva Ley de Vivienda impulsada por el Gobierno de Juanma Moreno incluye cláusulas específicas contra este fenómeno, como es la prohibición de acceso a VPO durante cinco años a cualquier persona envuelta en este tipo de infracciones. «No podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta, las personas que en los cinco años anteriores al procedimiento de selección hayan sido condenadas, en sentencia firme, como autores de los delitos de allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o usurpación de vivienda», recoge la normativa. Moreno marca así su impronta en la lucha por bajar los precios de la vivienda y acelera para aprobar varias de sus medidas a la espera de conocer cuánto queda de legislatura.