La sociedad civil se mueve: las Cámaras de Comercio de Andalucía rechazan el cupo catalán y advierten de sus efectos "lesivos"

Más allá del debate político, hay una realidad: la financiación singular pactada entre el Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña afectará al resto de comunidades autónomas y, lo más lógico, es que lo haga restándole recursos económicos con los que pagar la sanidad, la educación y los servicios sociales de los ciudadanos de sus regiones.

En su momento, el Gobierno andaluz ya recabó el apoyo colectivos sociales, económicos y empresariales en protesta por el actual modelo de financiación autónomica debido a que Andalucía recibe menos dinero que la media. Y lo hizo tanto el Ejecutivo de Susana Díaz como el de Juanma Moreno. Ahora, con la amenaza del cupo catalán la estrategia es la misma.

En este sentido, las Cámaras de Comercio de Andalucía han expresado este miércoles su "rechazo" al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno tras el acuerdo alcanzado con la Generalitat de Cataluña y han advertido de sus "efectos lesivos" para Andalucía.

El Comité Ejecutivo del Consejo Andaluz de Cámaras de Comercio ha acordado expresar su "firme rechazo" al modelo de financiación autonómica planteado por el Gobierno de España al considerar que "vulnera los principios de equidad, solidaridad e igualdad entre territorios", y supone "un grave riesgo" para el desarrollo económico de Andalucía, tal y como ha recogido el Consejo en una nota de prensa.

Las Cámaras manifiestan su "profunda preocupación" ante cualquier intento de establecer fórmulas "singulares" de financiación para determinadas comunidades. "Esto --argumentan-- consolidaría desigualdades estructurales y comprometería seriamente la cohesión territorial y social del conjunto del país".

"Un modelo de financiación asimétrico no sólo discrimina a comunidades como Andalucía, sino que tendría efectos directos sobre su capacidad de inversión pública, limitando las inversiones en ámbitos estratégicos como las infraestructuras ferroviarias, viarias, energéticas o hídricas, esenciales para el crecimiento, la generación de empleo y el fortalecimiento del tejido productivo andaluz", sostienen.

Desde las Cámaras de Comercio de Andalucía han reclamado pues un modelo de financiación autonómica "justo, transparente y basado en criterios objetivos", que atienda "adecuadamente" al peso poblacional de Andalucía, a sus niveles de desempleo, al esfuerzo fiscal y a sus necesidades estructurales. "Cualquier reforma en esta materia debe surgir del consenso institucional, respetando el marco constitucional y evitando privilegios que rompan la unidad de mercado y la igualdad entre ciudadanos, han apostillado.

La semana pasada, la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) expresó su "rechazo" a las políticas que "rompen el principio constitucional de solidaridad" entre territorios porque "consolidan desequilibrios entre los ciudadanos", en alusión al acuerdo alcanzado entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat catalana.

Los sindicatos UGT y CC OO, por el momento, no han sido categóricos en su rechazo a este modelo y se han mostrado más receptivos al mismo. De hecho, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha segurado que es una simple "federalización en la recaudación de impuestos".