El Gobierno de España exige a las comunidades autónomas, especialmente a las gobernadas por el PP, que faciliten todos los indicadores disponibles de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix. El ministerio de Sanidad fundamenta su petición «en el marco normativo vigente y responde a la necesidad de disponer de datos homogéneos y actualizados que permitan evaluar de forma efectiva dichos programas en el conjunto del territorio nacional». Así lo hizo el pasado 4 de noviembre, día que tras llevarlo al Consejo de Ministros, anunció un requerimiento «al amparo del artículo 44 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, como paso previo ante posibles incumplimientos en el suministro de información esencial para la vigilancia en salud pública».

La Junta de Andalucía ha seguido la misma estrategia de la ministra Mónica García con argumentos similares. La única diferencia es que no se trata de una petición entre administraciones públicas, sino desde la Consejería de Sanidad a una asociación que ha protagonizado la denuncia pública y en los juzgados sobre los errores en los cribados de cáncer de mama. En el requerimiento que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha hecho a Amama para que facilite información sobre las mujeres presuntamente afectadas por diagnósticos incompletos utiliza argumentos similares. El texto del SAS explica que «se formula con el fin de garantizar la revisión exhaustiva de cualquier posible caso no detectado por los circuitos oficiales, asegurar el cumplimiento de las obligaciones que esta Administración tiene en materia de vigilancia y protección de la salud pública, y evitar la generación de alarma social derivada de la difusión de cifras o afirmaciones no verificadas».

Como recordó el Ministerio el pasado 4 de noviembre, las leyes que rigen el Sistema Nacional de Salud –Ley 14/1986, Ley 16/2003 y Ley 33/2011– atribuyen al Gobierno de España competencias en materia de coordinación general, evaluación y vigilancia en salud pública. Estas atribuciones las debe ejercer respetando y colaborando con las competencias de las comunidades autónomas.

Lo llamativo es la distinta reacción del propio Gobierno de España. El pasado miércoles, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que las regiones gobernadas por el PP se comprometieron a entregar los datos de los programas de cribado de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix y celebró que habían «recapacitado». Sin embargo, cuando ha sido el SAS, el que para garantizar la «vigilancia de la salud pública» ha reclamado los datos de posibles afectadas a Amama porque no concuerdan con los que figuran en los registros públicos, Mónica García ha acusado al Ejecutivo autonómico de «atacar a las víctimas», una respuesta de carácter político que ayer mismo repitió la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, en un acto en Sevilla.

A juicio de Montero, la solicitud de los datos para que el SAS pueda cotejarlos con los que figuran en sus bases de datos y, si procede, atender a las mujeres afectadas es un hecho «lamentable y, por supuesto, absolutamente reprochable». Para la candidata socialista, «la Junta continúa en la estrategia de criminalizar, de poner en duda, de cuestionar a las organizaciones de mujeres que nos han permitido conocer que había un problema gravísimo que ponía en riesgo la salud de las mujeres».

Por el contrario, para el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, la vicepresidenta primera del Gobierno tiene una «actitud irresponsable» y solo persigue hacer «política electoralista» con la salud de las mujeres.