Tener una mascota en casa es, para muchos, una fuente de alegría inigualable. Perros, gatos y otros animales de compañía brindan afecto y compañía en muchos hogares. Pero, aunque tener un amigo peludo es legal y común, no siempre es una cuestión libre de conflictos, especialmente cuando entran en juego los derechos de los vecinos o las normas de convivencia.

La legislación española, concretamente la Ley de Propiedad Horizontal, no prohíbe tener mascotas en una vivienda, siempre que se trate de una propiedad privada. Según explican expertos legales, el derecho individual a tener un animal de compañía prevalece sobre el interés general de la comunidad, a menos que se generen molestias graves o se infrinjan otras normativas específicas.

No obstante, existen algunas excepciones y matices importantes. Los estatutos de la comunidad de propietarios pueden establecer restricciones, aunque no de forma arbitraria ni automática. En caso de conflicto, la decisión final correspondería a un juez, no a los vecinos ni al presidente de la comunidad.

Por otra parte, si resides en una vivienda de alquiler, la situación cambia: el propietario puede incluir en el contrato una cláusula que prohíba expresamente la tenencia de animales. En ese caso, tener una mascota sin autorización podría constituir un incumplimiento del contrato.

Normas de convivencia

Uno de los principales focos de conflicto en las comunidades de vecinos es cuando la presencia de un animal provoca ruidos, olores o comportamientos molestos. La legislación contempla que no se pueden llevar a cabo actividades molestas, insalubres o peligrosas en una vivienda y aquí es donde una mascota podría entrar en conflicto con la ley.

Si surgen problemas, la comunidad puede convocar una junta para buscar soluciones. Algunas medidas podrían incluir limitar el acceso de los animales a ciertas zonas comunes, exigir el uso de bozal en perros catalogados como potencialmente peligrosos, o incluso establecer normas de higiene específicas. Sin embargo, la comunidad no tiene capacidad sancionadora directa. Si un propietario desoye las advertencias, la única vía posible es la judicial.

No todo se trata de los derechos de los propietarios: los animales también tienen derechos y no cumplir con nuestras obligaciones puede conllevar consecuencias legales serias. Las leyes de protección animal y muchas ordenanzas municipales prohíben dejar a una mascota sin supervisión durante largos periodos. Por ejemplo, los perros no pueden permanecer solos más de 24 horas y ningún animal puede estar desatendido más de tres días consecutivos.

Además, no está permitido mantenerlos habitualmente en balcones, terrazas o sótanos y deben contar con condiciones de vida adecuadas. En vacaciones, si no podemos llevarnos al animal, debemos dejarlo al cuidado de alguien responsable que se asegure de su bienestar.

Sanciones y multas

Desatender estas obligaciones no solo puede generar quejas vecinales, sino también procedimientos sancionadores por parte de la policía o la administración local. Las multas pueden ser elevadas, llegando incluso a los 50.000 euros en los casos más graves.

Además, los castigos no se limitan a sanciones económicas. Entre las posibles consecuencias también se encuentran:

• La retirada del animal y su traslado a un centro de protección.

• Suspensión de licencias o autorizaciones de tenencia.

• Inhabilitación para tener animales en el futuro.

• Realización de cursos obligatorios de formación en bienestar animal.

• Trabajos comunitarios relacionados con la protección animal.