La presión de los ayuntamientos de Ibiza contra las fiestas ilegales en villas se ha redoblado en 2025. En distintos municipios del archipiélago se han abierto decenas de expedientes y denuncias, con sanciones que pueden alcanzar los 300.000 euros, en un intento de frenar un fenómeno que se ha consolidado como uno de los principales problemas de convivencia durante la temporada turística.

En Sant Josep, las autoridades locales han recibido este año 53 denuncias relacionadas con molestias vecinales y actividades sin licencia en viviendas particulares. Si bien la mayoría de estos casos no han podido catalogarse formalmente como fiestas ilegales por no acreditarse el cobro de entrada, sí se han detectado dos celebraciones encuadradas plenamente en esta tipología. Se trataba de eventos organizados con ánimo de lucro, sin autorización administrativa y con evidente impacto en el entorno.

En contraste, en Sant Joan no se han registrado de momento expedientes por fiestas ilegales en 2025, aunque el municipio ya acumula antecedentes en años anteriores: dos casos en 2022, otros dos en 2023 y uno más en 2024, lo que demuestra que la problemática, aunque de menor incidencia que en otras zonas de la isla, no le es ajena.

Por su parte, Santa Eulària mantiene abiertos tres expedientes durante este año vinculados a celebraciones en villas y fincas privadas. Estos procedimientos todavía se encuentran en fase de instrucción, aunque el propio consistorio recuerda que las sanciones por estas infracciones son severas y se mueven en una horquilla de 30.000 a 300.000 euros.

Uno de los episodios más recientes se produjo a finales de julio en una villa situada en el entorno de Cala Olivera, donde la Policía Local intervino tras seguir el rastro de vehículos que se dirigían al evento desde un punto de encuentro en Jesús. Según las investigaciones, en el sótano de la vivienda —habilitado para insonorizar la música— se desarrollaba una fiesta con alrededor de un centenar de asistentes, que habían pagado 130 euros por una pulsera identificativa que incluía dos consumiciones. La presencia de personal de seguridad y control de acceso evidenciaba la organización profesional del evento.

Un problema con recorrido en la isla

Aunque este verano las actuaciones municipales se han intensificado, las fiestas ilegales en villas no son una novedad en Ibiza. Desde hace más de una década, las autoridades locales y autonómicas denuncian la proliferación de este tipo de eventos clandestinos, especialmente en zonas rurales o aisladas de municipios como Sant Josep o Santa Eulària.

En 2020 y 2021, en plena pandemia, la problemática alcanzó un punto crítico: varias operaciones policiales desmantelaron fiestas multitudinarias en villas de lujo que desafiaban las restricciones sanitarias. Algunas de ellas llegaron a congregar a más de 200 personas, con cobros de entrada que superaban los 200 euros por persona, servicios de barra improvisados y DJs internacionales contratados al margen de cualquier licencia.

Con la recuperación del turismo, el fenómeno ha mutado, pero no ha desaparecido. Hoy, las autoridades señalan que los organizadores intentan adaptarse a los controles, diseñando fiestas más discretas, en espacios cerrados y con sistemas de insonorización para no despertar sospechas. Sin embargo, el trasfondo sigue siendo el mismo: actividades con ánimo de lucro, sin permisos, que generan molestias vecinales y evaden impuestos.

Posición del sector turístico

La Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera (AVAT) ha querido subrayar que no siempre las villas donde se celebran estos eventos corresponden a viviendas turísticas legalizadas. Desde la entidad recuerdan que lo esencial no es el tipo de inmueble, sino el hecho de que se esté desarrollando una actividad económica sin autorización. En este sentido, insisten en que las sanciones deben aplicarse con rigor, tanto para preservar la convivencia vecinal como para proteger a los empresarios turísticos que sí cumplen la normativa.

Un desafío para la convivencia y la imagen de la isla

Las fiestas ilegales en villas son vistas por los ayuntamientos como un triple problema: generan ruido y molestias en entornos residenciales, suponen una competencia desleal frente a los locales de ocio que sí pagan impuestos y licencias, y afectan a la imagen internacional de Ibiza, asociada tanto al turismo de lujo como a la cultura de club regulada.

El reto, reconocen los consistorios, es mantener la presión sin descanso en una isla donde la economía sumergida vinculada al ocio siempre encuentra nuevas formas de reinventarse. La vigilancia policial, las denuncias vecinales y la cooperación interinstitucional serán, un verano más, las principales herramientas para intentar contener un fenómeno que amenaza con convertirse en estructural.