Canarias afea al Gobierno central su rigidez fiscal y reclama unas reglas más flexibles para elaborar el presupuesto de 2026

El Gobierno de Canarias ha presentado las líneas maestras de su proyecto presupuestario para 2026, que prevé un gasto financiero de 12.491 millones de euros, un 7% más que el ejercicio anterior, y una deuda pública inferior al 10% del PIB. Sin embargo, la consejera de Hacienda y Relaciones Europeas, Matilde Asián, ha reprochado al Ejecutivo central su inmovilismo a la hora de fijar la senda de consolidación fiscal y la tasa de crecimiento económico, lo que, según advirtió, dificulta la planificación autonómica y evidencia la desconexión de Moncloa con la realidad de las regiones.

Asián expresó su malestar tras la reunión del Consejo Asesor del Presidente, un foro en el que participaron representantes empresariales, sindicales y miembros del Ejecutivo autonómico, encabezado por Fernando Clavijo. Durante su intervención, la consejera fue clara al exigir al Estado que actualice sus normas de disciplina presupuestaria conforme a los criterios europeos, "mucho más flexibles que los que aplica actualmente el Gobierno a las comunidades autónomas y las corporaciones locales".

Críticas al vacío fiscal estatal

La titular de Hacienda advirtió que Canarias se ha visto obligada a elaborar sus cuentas con un superávit del 0,1% del PIB, sin contar con los datos oficiales sobre la senda de déficit ni con la actualización de la tasa de crecimiento. Ambos indicadores, explicó, siguen anclados en parámetros fijados en 2023, completamente desfasados respecto a la situación económica actual.

"El Gobierno central no ha aprobado todavía la senda de consolidación fiscal, ni la tasa de crecimiento del PIB que debería establecer el Ministerio de Economía”, lamentó. Esa falta de coordinación, añadió, obliga a la comunidad a proyectar un crecimiento del 3,3%, una cifra que no refleja el estancamiento del tejido productivo canario, especialmente sensible a las oscilaciones del turismo. "Cuando el turismo se frena, Canarias lo nota mucho más que otras regiones", recalcó.

Reforma tributaria y ajustes fiscales

El anteproyecto de presupuesto incluye un amplio paquete de medidas tributarias centradas en la vivienda, la fiscalidad verde y la revisión de impuestos al consumo. Entre ellas, la mejora de las deducciones para la compra de vivienda habitual, el fortalecimiento de las rebajas en el IGIC y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, y una deflactación del IRPF según la evolución del IPC.

También se contempla la creación de una deducción para fomentar la inversión en empresas emergentes y la introducción de un gravamen diferenciado para bebidas azucaradas y energéticas, en función de su contenido en azúcar. Además, el aceite vegetal hidrogenado pasará a tributar al 0% de IGIC como biocarburante, y se incorpora el mismo tipo para las camas hospitalarias.

El Gobierno regional prevé asimismo eliminar el AIEM sobre combustibles e implantar un tipo específico del 1% en el IGIC para las entregas e importaciones de carburantes. En paralelo, se incrementará la carga fiscal sobre determinadas labores del tabaco para acercar su tributación a la del resto de España y de la Unión Europea, mientras que las bolsas de nicotina pasarán a tributar con un tipo específico en lugar del ad valorem.

Reclamos sindicales y empresariales

El encuentro del Consejo Asesor también sirvió para escuchar las posiciones de patronales y sindicatos, que coincidieron en reclamar mayor agilidad normativa y una gestión presupuestaria más efectiva.

El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Pedro Ortega, valoró que el Ejecutivo autonómico mantenga su apuesta por el gasto social pese a la incertidumbre económica, aunque reclamó impulsar la inversión pública y reforzar los mecanismos de colaboración público-privada para movilizar recursos y dinamizar la economía. “La complejidad normativa actual está impidiendo que los presupuestos se materialicen en resultados concretos”, advirtió.

Desde el ámbito sindical, el secretario general de UGT Canarias, Manuel Navarro, reconoció avances, aunque lamentó que sectores como la educación continúen lejos del objetivo del 5% del PIB previsto en la Ley Canaria de Educación. Solicitó además una comisión para evaluar la carrera profesional de los empleados públicos.

Por su parte, María Vanesa Frahija, líder de CCOO Canarias, puso el acento en la necesidad de que el crecimiento económico se traduzca en una mejora real de las condiciones de vida. “Canarias crece, pero la riqueza no llega a las familias”, denunció.