Torres no puede mirar hacia otro lado: la comisión canaria le señala y el relato ya no tapa los 100 millones en contratos COVID

La comisión de investigación del Parlamento de Canarias ha puesto negro sobre blanco lo que se venía insinuando desde hace meses, y es que la responsabilidad política de las decisiones de compra durante la emergencia sanitaria alcanza a la cúspide del Ejecutivo regional de entonces. El informe preliminar, que se debatirá a partir del viernes 26 de septiembre, señala directamente a Ángel Víctor Torres y a los exconsejeros Julio Pérez y Blas Trujillo por contratos que rozan los 100 millones de euros. La lectura que hace la comisión es clara. Si el Gobierno se atribuyó los aciertos de la gestión pandémica, debe responder también por los fallos.

El documento se apoya en doctrina constitucional. "No cabe responsabilidad penal automática por lo que haga un subordinado, pero sí la política en un sistema parlamentario", es decir, la obligación de rendir cuentas por la dirección y el control de la Administración. Esa distinción, obvia en teoría, es la que, según la comisión, se quiso diluir en la práctica durante la etapa más opaca de la contratación de emergencia.

Nombres propios

El informe recuerda que Torres y Trujillo fueron quienes pusieron a Conrado Domínguez al frente del Servicio Canario de la Salud (SCS) con amplias facultades de contratación. La destitución posterior no borra la responsabilidad política por los controles que faltaron. También carga contra Julio Pérez, consejero "interino" tras el cese de Teresa Cruz, por permitir trabajo de hecho a Domínguez en el SCS antes de su nombramiento formal.

La pieza que nunca encajó es la de RR7 United, una empresa del subsector de la automoción que cobró 4 millones por un millón de mascarillas que no se entregaron. La causa penal sigue viva, ya que en 2024 se practicaron registros y el exdirector del SCS se acogió a su derecho a no declarar ante la Fiscalía Europea, investigado por presunta prevaricación y tráfico de influencias.

La comisión desmonta, además, la idea de que la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, actuó en solitario: "No resulta creíble que decisiones por decenas de millones pasaran sin aprobación, supervisión o conocimiento de sus superiores". El problema no fue solo la urgencia, sino la ausencia de verificación mínima, pagospor adelantado y elección de proveedores sin solvencia contrastada.

Reformas sobre la mesa

La comisión propone reformas comoreforzar los controles del art. 120 incluso en emergencia, unidades de crisis estables, registro preventivo de empresas y una plataforma de monitorización en tiempo real de los contratos.