Cuenta atrás para acabar por Ley con el Impuesto de Sucesiones

Cuenta atrás para que Castilla y León elimine por Ley el polémico Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Un tributo considerado injusto y confiscatorio para unos, y necesario para otros porque creen que el dinero que las Comunidades Autónomas recaudan con él es importante para asegurar el Estado del Bienestar.

En cualquier caso, se trata de un canon que grava la transmisión de bienes, a familiares en la mayoría de los casos, que el donante ha adquirido a lo largo de su vida gracias a los recursos que generó y por los que ya pagó impuestos. En el caso Sucesiones, se grava incrementos patrimoniales obtenidos por las personas físicas a título gratuito por causa de muerte, mientras que en Donaciones el objeto son los aumentos de patrimonio entre vivos obtenido por personas físicas.

El Gobierno de coalición de PP y Ciudadanos incluyeron en su acuerdo para la gobernabilidad de Castilla y León la eliminación de este impuesto, y después de que durante el último Consejo de Gobierno del año pasado se aprobase el proyecto de Ley, éste era ayer tramitado por la Mesa de las Corte presidida por Luis Fuentes. Y es que el órgano rector del Parlamento autonómica se reunía este miércoles y en un mes como es el de enero que ha sido habilitado para que los grupos parlamentarios avancen en las tres comisiones de investigación que se van a poner en marcha -dos ayer y una hoy-, pero que no acogerá sesiones plenarias.

La Mesa daba luz verde a que la Comisión de Economía y Hacienda inicie la tramitación de un proyecto de ley que, según las primeras estimaciones del Ejecutivo regional, tendrá un impacto sobre las cuentas públicas autonómicas este año recién comenzado de 17,4 millones de euros menos de ingresos tributarios, que se elevarán a cerca de 35 millones el ejercicio que viene.

Esta diferencia se debe a que la Junta prevé que la nueva normativa sólo afectará a una parte del ejercicio 2020, cuando ya esté en vigor, mientras que para el año siguiente, completo ya, se eleva el impacto sobre la recaudación. El objetivo que se marca el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco con estos cambios normativos es reducir al 99 por ciento el coste fiscal al que se encuentran sometidas las donaciones y sucesiones de bienes y derechos entre cónyuge, descendientes y ascendientes. Se calcula que se podrían beneficiar de la supresión de este tributo entre 5.000 y 15.000 castellanos y leoneses al año.

Además, se extiende la equiparación de los cónyuges a los miembros de las uniones de hecho que hayan tenido convivencia estable de pareja durante, al menos, dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya inscrito en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.

Se trata del segundo proyecto de ley remitido a las Cortes por el Ejecutivo regional en estos apenas seis meses de legislatura que llevamos. El primero fue el de declaración del Parque Natural de «Sabinares del Arlanza-La Yecla», en la provincia de Burgos.

En cuanto al calendario, hasta finales de este mes que se vuelva a reunir la mesa no se sabrán los días donde habrá plenos y comisiones para este nuevo periodo de sesiones entre febrero y junio.