Política

El PSOE a la Junta sobre el caso Arroyo: «¿Nadie tiene nada qué decir?»

Además, el procurador socialista, José Francisco Martín, asegura que tiene «sospechas fundadas» de que el PP podría haberse financiado ilegalmente a través del alquiler de las sedes comerciales en el extranjero

Los socialistas Ana Sánchez y José Francisco Martín, antes de la rueda de prensa
Los socialistas Ana Sánchez y José Francisco Martín, antes de la rueda de prensaRubén CachoIcal

Los socialistas vuelven a la carga contra el PP y Ciudadanos tras conocerse el auto por el que se abre juicio oral por el caso del edificio de Soluciones Empresariales de la localidad vallisoletana de Arroyo de la Encomienda, conocido como «La Perla Negra», y los terrenos de Portillo, y piden explicaciones a la Junta y que asuman responsabilidades.

Y, además, señalan con el dedo a cuatro personas: al presidente Alfonso Fernández Mañueco; al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; y al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, por el PP, quienes para el PSOE deberían dar explicaciones por los cargos de responsabilidad que han realizado en el Gobierno regional y en el partido en los últimos años; y al vicepresidente Francisco Igea, de Ciudadanos, «por ser el adalid de la transparencia, según decía ayer la procuradora socialista Ana Sánchez.

«¿Nadie de la Junta tiene nada qué decir sobre el desfalco de 1.100 millones de euros a las arcas públicas en las suspuestas tramas corruptas?», se preguntaba la dirigente del PSOE de Tudanca, quien centraba sus crñiticas más duras en la formación «naranja» «por no haber sufrido un ataque de indignidad y mantener en la Junta a un presidente de un partido corrupto».

Financiación ilegal

Por otra parte, el también procurador socialista José Francisco Martín se refería al alquiler de sedes comerciales de la Junta en el extranjero y en lugares como Miami, panamá o Bruselas, una pieza que quedó fuera de la investigación de este caso de «La Perla Negra» y los terrenos de Portillo. Sobre este asunto, Martín aseguraba que tiene «sospechas fundadas» de que el PP podría haberse financiado ilegalmente a través del alquiler de estas sedes, y avanzaba la posibilidad de acudir a la Justicia «por el tufillo que se desprende en este asunto», en función de desarrollo de la comisión de investigación en las Cortes.