La Junta ve muy verde la ley de cambio climático que prepara el Gobierno

Jornada maratoniana en la capital de España con la celebración de las Conferencias Sectoriales de Medio Ambiente y de Energía, presididas por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, y que contó con la presencia de los consejeros de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones y Carlos Fernández Carriedo.

El primero mostraba su desazón por la futura ley de cambio climático que prepara el Gobierno al existir «muy poca concreción» respecto a las medidas a adoptar para la descarbonización de la economía y también en lo relativo a cómo se financiarán tanto a las comunidades autónomos como a las entidades locales.

No obstante, el consejero quiso dejar claro que Castilla y León es una comunidad «comprometida» con la lucha contra el cambio climático. En este sentido aseguró que esta va a ser una legislatura «muy intensa», en la que se quiere aprobar la ley autonómica de cambio climático y una nueva estrategia de calidad del aire que irá «acompasada» con el «plan de calidad del aire por ozono» que afecta a zonas del sur de la comunidad, en concreto al «área de Valladolid», donde existen «superaciones de los valores objetivos».

Mientras, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, advertía que el sector del automóvil no puede sufrir el mismo impacto negativo que la minería del carbón o las centrales térmicas en el proceso de transición energética.

El consejero manifestaba su preocupación por la influencia de las decisiones en materia de transición energética en el sector del automóvil, principalmente en relación con medidas de carácter impositivo que puedan incidir negativamente en un sector de tanta importancia en la comunidad autónoma.

Fernández Carriedo exigía que esta repercusión no tenga las mismas consecuencias que tuvo en la minería del carbón de Castilla y León y en las centrales térmicas con la aceleración de los cierres de explotaciones y plantas.

Para Fernández Carriedo, es «urgente una estrategia energética justa, con una estrategia y una planificación adecuadas» que se han con tiempo y tengan «un impacto favorable sobre los territorios».

El titular de Economía y Hacienda lamentaba que aún no haya, dentro de las políticas para la transición energética, «una cuantificación monetaria y una definición de lo que es urgente».