Las Cortes piden que se garantice la autonomía financiera local

También instan a la Junta a “luchar contra la ocupación ilegal de viviendas”

Las Cortes aprobaron una PNL, a propuesta del Grupo Popular y con los votos de Ciudadanos y parte del Grupo Mixto, que insta a la Junta a dirigirse al Gobierno Central para que «respete y garantice la autonomía y suficiencia financiera de las entidades locales» y a rechazar el acuerdo suscrito entre el Ejecutivo y la FEMP sobre cesión de remanentes de tesorería de las entidades locales.

Según el procurador popular Salvador Cruz, «hay que ayudar a las entidades locales de la Comunidad, que han tenido un comportamiento heroico y el Gobierno los ha dejado solos». La propuesta del PP contó con el apoyo de Vox, cuyo procurador, Jesús García Conde, aseguró que «nunca antes se había vivido un ataque contra la autonomía financiera local, un chantaje en toda regla porque o se cede voluntariamente o los ayuntamientos no podrán utilizarlo. También lo respaldó el procurador leonesista, Luis Mariano Santos.

La procurador socialista Virginia Barcones fue la encargada de defender el acuerdo entre el Gobirno y la FEMP. “La derecha no está en ayudar a los vecinos, sino en la demagogia y la deslealtad. El problema lo creó el PP con el mayor ataque a la autonomía local, con la obra del señor Montoro”, incidió Barcones, quien instó a Ciudadanos “a darle las gracias al PP de que los ayuntamientos no pueden gastar los remanentes donde quieren”. “Tienen ahorros, pero en los bancos y no los pueden utilizar. Ahora se trata de poner una solución a un problema del PP. ¿Mejorable? Pues vamos a mejorarla, pero no hagamos lo del PP, que hace unos días hacía ‘grupito’ con los países del norte apelando a la estabilidad presupuestaria para que no llegarán miles de millones a España”, afeó Barcones.

Las Cortes de Castilla y León también ratificaron casi en por unanimidad, solo se abstuvo Vox, el Decreto-ley remitido por la Junta en el que se establece un régimen sancionador propio en la Comunidad por el incumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias para afrontar la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19, que puede suponer multas de hasta 600.000 euros y cierre de locales comerciales y de ocio.

Fue la consejera de Sanidad, Verónica Casado, la encargada de presentar en el pleno el Decreto-ley con el argumento de que se han aprobado una serie de medidas de seguimiento, control y preventivas ante el COVID-19, pero añadió que se debía dar un paso más e ir acompañadas de sanciones para “disuadir” de cometer infracciones e incumplir las mismas.

Casado argumento que algunos comportamientos como eventos familiares de más de 100 personas o locales que fueron desalojados por incumplir las normas de seguridad ante el virus no pueden ser “tolerados”.

Además, el Parlamento regional ha instado a la Junta, a propuesta de Ciudadanos, a “establecer medidas para luchar contra la ocupación ilegal de viviendas” y pidieron al Gobierno mejorar la regulación jurídica de protección de los propietarios. El PSOE, que pidió votar algunos puntos por separado, apoyo parcialmente la PNL y se abstuvo en los apartados que daba más competencias en esta materia a los ayuntamientos, “ya bastante cargados”, y sobre la posibilidad de que las comunidades de vecinos ejerzan un papel de denunciantes.

La PNL aprobada y presentada por la procuradora de Ciudadanos Marta Sanz se elaboró “pensando en las familias que, por su situación, no tienen donde vivir, ofreciendo más soluciones para compra o alquiler de vivienda”, pero también para castigar con más dureza a las mafias que se introducen en viviendas, “un problema que afecta a todos”. El documento contó con la aprobación de una enmienda de sustitución del PP, presentada por su procurador Ricardo Gavilanes, a uno de los puntos que carga de responsabilidad al Ejecutivo central a la hora de la regulación jurídica de protección de los derechos de los propietarios y “legítimos poseedores de vivienda y la protección de la convivencia”. Para ello, se dio luz verde a la petición de modificar la ley “para endurecer las penas en el delito de usurpación con penas de hasta tres años de prisión”; para que la inscripción en el padrón municipal de quienes ocuparan de forma ilegal una vivienda “se considere nula y no constituya prueba de residencia o domicilio, ni atributiva de ningún derecho”, tal y como explicó Gavilanes.