La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, se ha reunido este viernes con los responsables de Servicios Sociales de las diputaciones y de los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, para ponerles en conocimiento de las medidas frente a la Covid y analizar con ellos el destino de los 20 millones de euros del fondo extraordinario para potenciar los servicios sociales que se prestan y financiar gastos derivados de la pandemia.

Así, durante el encuentro, Blanco trasladaba a los representantes de las entidades locales que al menos tres millones de euros de este fondo se destinarán a varias medidas para las familias con hijos de hasta 12 años que necesiten disponer de un cuidador en caso de que los menores tengan que ser confinados por el coronavirus. Se trata de ayudas que tramitarán los Centros de Acción Social, CEAS, y que permitirán a las familias contar con una persona de apoyo en el cuidado de menores o personas dependientes, según informa la Junta en cun comunicado

La primera de estas medidas es un cheque servicio que permite, a través de una cuantía económica de pago único, la contratación de un cuidador cuando el menor de 12 años deba permanecer confinado en casa por COVID-19 o contacto directo y sus progenitores por motivos laborales no puedan permanecer en el domicilio para cuidarle. Mientras que la segunda medida contempla una ayuda a domicilio para asumir situaciones puntuales en los que es necesario dispensar un apoyo concreto a los menores.

La solicitud también se realizará a través del CEAS y se tendrá que aportar la documentación acreditativa de que se reúnen los mismos requisitos que se exigen en las prestaciones económicas a familias para la contratación de cuidadores.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades ha anunciado a los representantes de las entidades locales que, en los próximos días, se tramitará un Decreto Ley para regular en el ámbito de los servicios sociales, estas medidas de carácter urgente.

Durante el encuentro se ha analizado también el destino de los 20 millones de euros del Fondo Extraordinario Covid que, entre otras cuestiones, permitirá potenciar los servicios de proximidad como la teleasistencia y la ayuda a domicilio y financiar los gastos generados con motivo de la crisis sanitaria entre ellos los que se han registrado en los centros residenciales de la Comunidad. También ayudas destinadas a las familias, a los menores, a las víctimas de violencia de género y los gastos originados para garantizar la alimentación infantil y para que las personas sin hogar puedan cubrir sus necesidades más básicas.

Al respecto, la consejería ha planteado la posibilidad de flexibilizar el uso de estas partidas en función de las necesidades concretas de cada una de las entidades locales.

Los representantes del PSOE abandonan la reunión

El encuentro no ha sido satisfactorio para los representantes del PSOE presentes, ya que abandonaban el mismo porque el documento entregado a los representantes de ayuntamientos y diputaciones no incluía ninguna cifra “mientras que la consejera hablaba de tres millones de euros a través de la prensa.”, apuntan, y por considerar que la reunión “no resuelve problemas y solo busca propaganda”, según apuntan desde el partido del puño y la rosa en un comunicado.

La concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Burgos, Sonia Rodríguez, critica que el Gobierno de Fernández Mañueco señale a las entidades locales como responsables últimas de la ejecución de las políticas sociales”, y por eso reclama a la consejera de Familia “mayor cooperación institucional” y que “abandone” esta dinámica de decisiones tomadas unilateralmente que ponen en riesgo el adecuado funcionamiento de los servicios sociales municipales. Rodríguez sostiene que al comenzar la reunión se dieron cuenta de que acudían a una reunión “con hechos consumados”. “No se ha contado con nuestra opinión ni nuestra participación” y eso que “seremos los ayuntamientos los responsables de esa gestión”, denuncia.

Al respecto, la coordinadora de Familia e Igualdad de Oportunidades del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, Nuria Rubio, asegura, por su parte, que el cheque servicio no resuelve el problema de las familias y carga todas las responsabilidades otra vez sobre los ayuntamientos”. Además, asegura que la Junta se encomienda a la realización de un plan de contingencia y actuación a los ayuntamientos, cuando las pautas en el ámbito sanitario y social tendrían que venir marcadas por la Junta de Castilla y León.