Cinco años y medio de prisión para un soriano de 73 años que intentó matar a su pareja asfixiándola con cojines

Un hombre, vecino de Soria y de 73 años de edad, fue condenado por la Audiencia Provincial de Soria a cinco años y medio de prisión por sendos delitos de tentativa de homicidio hacia su pareja y maltrato habitual en el ámbito familiar. El Ministerio Fiscal, la acusación particular y la defensa alcanzaron un acuerdo, por lo que no tuvo que celebrarse el juicio correspondiente en la Audiencia Provincial de Soria.

Este hombre, el 21 de julio de 2019, agredió violentamente a la mujer con la que convivía, la amenazó de muerte y, tras arrastrarla por el suelo hasta el sofá, cogió unos cojines y le tapó “fuertemente” la boca y nariz hasta dejarla inconsciente. Tras cometer el acto, abandonó el domicilio y cerró la puerta con llave llevándose el juego de la víctima y su teléfono móvil para impedirle que huyera. La mujer, que recuperó la consciencia tres horas después de que ocurriera el intento de homicidio, avisó por la ventana a una de sus vecinas, que alertó a la Policía, quien, a su vez, tuvo que solicitar la intervención de los bomberos para entrar en la vivienda.

El acusado reconoció los hechos y pagó la responsabilidad civil que pedía la acusación (1.500 euros por las lesiones causadas y 18.000 por daños morales y psicológicos), por lo que se le aplicó un atenuante en la pena del daño causado, según la información recabada de Ical del Ministerio Fiscal.

En concreto, se le impuso además de la entrada en prisión durante cinco años y medio -cinco por el intento de homicidio y medio por el delito de malos tratos habitual-, la prohibición de acercarse o comunicarse a la víctima durante 18 años, una vez que salga de la cárcel de la ciudad. Además, durante los cinco primeros años el maltratador estará bajo libertad vigilada. Por el delito de maltrato, también debería prestar servicios de trabajo en beneficio de la comunidad durante dos meses.

El abogado de la acusación, Francisco Perulán, significó que, a pesar de la pena impuesta, “confía que Instituciones Penitenciarias, en breve, le concedan el tercer grado penitenciario por el estado de salud de su defendido”. “Esto es lo más beneficioso para él. Mi defendido ha reconocido los hechos y era la primera vez que ocurría”, destacó.

Maltratador y víctima contrajeron matrimonio en 1972 y se separaron legalmente en 1993, pero retomaron la relación dos años más tarde y convivieron hasta el día de los hechos. Desde el verano de 2014, el hombre insultaba y vejaba a diario a su mujer llamándola “puta y zorra”; le amenazaba con matarla; y le requería explicaciones constantes sobre con quién se relacionaba. En 2018 el acusado le propinó diversos golpes en la cara y en el cuello, según el escrito de calificaciones.

El 21 julio de 2019, la pareja inició una discusión tras la negativa de la víctima a acompañarle a comer fuera de casa. Tras ello, comenzó a agredirla, amenazarla de muerte e intento acabar con su vida taponándole las vías respiratorias con varios cojines.

Como consecuencia de la agresión, la víctima sufrió policontusiones en la cara, boca, brazos, manos y requirió asistencia médica y psicológica. La psicóloga de Atención a Víctimas del Juzgado de Soria todavía presta asistencia a esta mujer.

El 22 de julio, el juzgado número 4 de Soria acordó la prisión preventiva del acusado y que, en el caso de que fuera puesto en libertad, se le prohibiera acercarse a menos de 500 metros de la que fue su esposa. Para su cumplimiento solicitó que se le vigilaría mediante la colocación de un dispositivo telemático. El Juzgado número tres de Soria ratificó la petición y el hombre ha permanecido en el centro penitenciario de la ciudad desde el día de los hechos.

Antes de alcanzarse el acuerdo, la acusación y el Ministerio Fiscal solicitaban diez años de cárcel para el acusado, cinco años de privación del derecho al porte de armas y la prohibición de acercarse al domicilio de la víctima lugar de trabajo o cualquier sitio que frecuentara a menos de 300 metros durante más de 20 años. También requirió que el acusado participara en programas formativos u otros similares relacionados con la igualdad de trato y la no discriminación