Unos 3.400 autónomos y empresas de Castilla y León solicitan las subvenciones directas de la Junta

La Junta de Castilla y León ha tramitado 1.188 nuevas solicitudes ayudas directas a autónomos y empresas, que se suman a las 2.184 remitidas la semana pasada, con el fin de que la Agencia Tributaria certifique que los solicitantes cumplen los correspondientes requisitos y proceder a su concesión y posterior pago.

Con el fin de apoyar la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, para continuar apoyando a quienes sufren la caída de sus ingresos a causa de la crisis provocada por la Covid-19, los beneficiarios deben justificar que su volumen de operaciones anual declarado o comprobado por la Administración Tributaria en el IVA en 2020 haya caído más de un 30 por ciento respecto al año anterior, excepto si se aplica el régimen de estimación objetiva en el IRPF

La convocatoria de ayudas realizada por la Junta de Castilla y León se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad (Bocyl) el 19 de mayo y la presentación de solicitudes permanecerá abierta hasta el 6 de julio, estableciéndose el plazo máximo de resolución el 31 de diciembre de 2021.

Las 1.188 solicitudes tramitadas, que han sido recibidas entre el 31 de mayo y el 6 de junio, se suman a las 2.184 enviadas la semana pasada y que correspondían al periodo del 20 al 30 de mayo.

Tras enviar la documentación, la Agencia Tributaria debe certificar que los solicitantes cumplen los requisitos exigidos en el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia del COVID-19. De esta manera, cuando la Agencia Tributaria certifique que los solicitantes cumplen con los requisitos, la Junta de Castilla y León podrá comenzar a tramitar el pago de las ayudas.

En el caso de que aplique el régimen de estimación objetiva en el IRPF no será necesario justificar la reducción en el volumen de operaciones, siendo solo preciso estar incluido en alguna de las actividades previstas en los códigos de la CNAE de los sectores subvencionables.

184 sectores de actividad

La convocatoria de la Junta incluye un total de 184 sectores de actividad, 89 más que los propuestos por el Real Decreto Ley, lo que supone incrementar un 94 por ciento las actividades económicas a las que pueden llegar estas ayudas y con ello ayudar al mayor número de empresarios afectados por la pandemia.

Las ayudas se emplearán para satisfacer la deuda y realizar pagos a proveedores y otros acreedores, financieros y no financieros, así como costes fijos que hayan tenido los autónomos y empresas, primando la reducción del nominal de la deuda con aval público, siempre y cuando las deudas se hayan devengado entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de mayo de 2021 y procedan de contratos anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 5/2021.

Ayudas de 4.000 euros

Respecto a la cuantía de la ayuda, para los empresarios o profesionales que apliquen el régimen de estimación objetiva de tributación por módulos en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el límite máximo de ayuda será de 3.000 euros. Por su parte, la Junta, dentro de su margen de decisión, atenderá especialmente al colectivo de pequeños autónomos, empresarios y profesionales, otorgando el límite máximo previsto en la normativa (3.000 euros).

Para el resto de empresarios y profesionales, sin perjuicio de que se pueda incrementar si hubiera crédito disponible y de forma proporcional a la caída del volumen de operaciones de 2020, el importe inicial será de 4.000 euros.

En el caso de que por agotamiento del crédito asignado por el Real Decreto Ley no sea posible atender a la totalidad de la solicitudes presentadas, la Junta podrá articular, con cargo a crédito autónomo, un nuevo procedimiento dirigido a apoyar igualmente la solvencia y a reducir el endeudamiento de empresas y autónomos.

Tramitación electrónica

La Junta de Castilla y León ha articulado un procedimiento ágil y simplificado para la tramitación de las solicitudes, con la menor carga burocrática para los solicitantes, utilizando siempre que sea posible la fórmula de la declaración responsable y sin exigir requisitos adicionales a los previstos en la normativa. Así, en todo el procedimiento será obligatoria la tramitación electrónica.