El Gobierno vuelve a dejar fuera a Castilla y León de los fondos de la UE para luchar contra el desempleo juvenil

Nuevo malestar de la Junta en relación a los criterios de reparto de los fondos de Europeos. Castilla y León vuelve a quedarse fuera de los proyectos de fomento del empleo para luchar contra la despoblación y el desempleo juvenil, cuyo montante económico irá dedicado de manera exclusiva a las Comunidades de Navarra, País Vasco, Valencia y Extremadura.

Una exclusión que se produce a pesar de que los criterios que justifican el reparto son la despoblación y la necesidad de incentivar el empleo juvenil, dos de los grandes problemas de los que adolece la Comunidad. Un reparto “injusto y partidista”, como ha señalado la consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, quien ha pedido explicaciones a la ministra y ha exigido al Gobierno de España financiación para proyectos de similar naturaleza en la Comunidad.

Según un comunicado de la Junta, el nuevo reparto financia iniciativas de sólo cuatro Comunidades en España para la promoción de proyectos y líneas de intervención para favorecer el emprendimiento y el empleo colectivo, y las microempresas.

Ana Carlota Amigo ha recordado al ministerio que Castilla y León cuenta con territorios especialmente afectados por la despoblación, como Soria o Zamora, donde se están poniendo en marcha programas que pretenden dar respuesta al reto demográfico y favorecer el empleo joven y el emprendimiento. Por ello Ana Carlota Amigo ha reclamado al ministerio subvenciones para estos proyectos o para el desarrollo de otros que permitan luchar contra la despoblación y el desempleo juvenil.

Desde la Junta se ha venido reclamando de manera reiterada al Gobierno de España que el reparto de los fondos se haga con criterios “claros, objetivos y transparentes” y que se tengan en cuenta cuestiones como la despoblación, la dispersión territorial o el envejecimiento de la población, y se critica que se estén utilizando distintos criterios y mecanismos totalmente discrecionales, como las subvenciones directas para dejar fuera y castigar a Comunidades Autónomas como Castilla y León en lo que consideran “beneficios de intereses políticos”.