La Red de Atención Integral de Castilla y León acoge este año 829 nuevos casos de mujeres maltratadas

La Red de Atención Integral de Castilla y León ha acogido, en lo que va de año, a un total de 829 mujeres, 44 más que un año antes. No obstante, bajo este paraguas de protección son 3.181 los casos en el sistema de acceso unificado a los servicios sociales (SAUSS Mujer) de la Dirección General de Mujer, el 7,6 por ciento más que hace un año (cuando se contabilizaron 2.955 expedientes abiertos).

En la reunión de la Sección de Género del Observatorio de Castilla y León, celebrada esta mañana se ha informado de que en la actualidad existen 3.181 informes de valoración  de violencia de género activos. El 47,22 por ciento de las víctimas tiene entre 31 y 45 años; el 27,82 por ciento entre 46 y 64 años, y el 18,42 por ciento se sitúa en la franja de edad de entre 18 y 30 años. Existe un porcentaje del 5,63 por ciento de mayores de 65; otro del 0,63 por ciento de menores de edad, y en el 0,28 por ciento de los casos no se ha podido acreditar la edad. Casi tres de cada cuatro (el 73,97 por ciento) residen en ámbito urbano. Esta radiografía es muy similar a la obtenida hace un año.

Además, se ha identificado un porcentaje del 35,65 por ciento como víctimas especialmente vulnerables por su condición de inmigrantes o su pertenencia a una minoría étnica; por padecer algún tipo de discapacidad o por acusar problemas de drogodependencias.

En el ámbito judicial, se han contabilizado 2.407 denuncias hasta junio (2.192 hasta septiembre 2020) y se han concedido 547 órdenes y / o medidas de protección (frente a las 522 de los primeros nueve meses de 2020).

En cuanto a las intervenciones llevadas a cabo por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a través de la Delegación del Gobierno, se contabilizan 3.131 casos activos (2.984 un año antes) y 1.620 mujeres con protección policial (1.403 en 2020); a 102 víctimas se les han asignado dispositivos electrónicos y 618 utilizan terminales ATENPRO (Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género).

Apoyo jurídico y psicológico

En lo que respecta al tipo de atención dispensada, se ha ofrecido asesoramiento jurídico a 166 mujeres a través del convenio entre la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y Cruz Roja (115 el año anterior) y a otras 167 por medio de las corporaciones locales (120 un año antes), mientras que el servicio de defensa letrada y asistencia jurídica gratuita –formalizado a través de convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León– ha operado en 47 procedimientos penales por agresiones sexuales (32 en 2020) y en dos procedimientos nuevos (y ocho en curso) relacionados con los huérfanos y otros familiares de víctimas.

Junto a esto, 1.599 mujeres; 190 menores; 40 maltratadores y 35 personas dependientes de la víctima (otros familiares) han recibido apoyo psicológico a través del Convenio entre la Gerencia de Servicios Sociales y el Consejo de Psicología de Castilla y León, al tiempo que este servicio ha intervenido de forma urgente en sede policial o judicial con 319 víctimas. Un año antes este servicio intervino con 1.215 mujeres, 150 menores, 39 agresores y 21 personas dependientes, y otras 215 víctimas en comisaría o juzgados.

Los servicios de información, apoyo psicológico y asesoramiento jurídico también se canalizan a través de entidades como Plaza Mayor o Adavas, que a través de sus sedes de Salamanca, Burgos, León o Valladolid, han atendido a 667 mujeres, tanto de forma presencial como telefónica.

Son reseñables los resultados logrados por las entidades que conforman la red de atención psicosocial –la Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida (APRAMP), la Comunidad Adoratrices de Burgos, la Asociación de Ayudas al Drogodependiente (ACLAD), Cáritas Diocesana de Astorga y la Congregación de HH. Oblatas del Centro Albor–, que han atendido a 2.448 mujeres, han intervenido en 34.203 ocasiones, y han localizado 709 casos con indicios de trata.

Los centros de emergencia han atendido a 159 mujeres y 107 menores (139 y 103, respectivamente en 2020) y las casas de acogida, a 90 mujeres y 89 menores (97 y 74 un año antes). Asimismo, 10 víctimas con enfermedad mental grave y cinco con problemas de adicción a las drogas han sido derivados a recursos habitacionales especializados. Junto a esto, se han adjudicado nueve viviendas de protección.

Los apoyos económicos orientados a favorecer la inserción socio-laboral y la recuperación de la autonomía de las víctimas han llegado a 48 mujeres en forma de prestación (44 en 2020) y a otras 96 como beneficiarias de la Renta Garantizada de Ciudadanía (182 un año antes).

Formación de los profesionales

El cambio en el modelo de atención que promueve la Junta incide en el refuerzo de los profesionales. Se prevén medidas dirigidas a la formación y especialización de profesionales de distintos ámbitos, tales como el sanitario, policial, social, educativo, judicial, laboral, psicológico y de los medios de comunicación, con itinerarios formativos vinculados a estudios de posgrado en las universidades.

Para ello, en los últimos meses se ha articulado un plan de cualificación y especialización, que dará continuidad y reforzará la labor desarrollada hasta ahora en este ámbito. Así, en lo que va de año han recibido formación 5.921 profesionales implicados en la red de atención a las víctimas, más del doble que un año antes (cuando se impartieron cursos y talleres a 2.053 personas).

Los agentes reunidos en torno al Observatorio han repasado las principales iniciativas desarrolladas para que la mujer maltratada pueda insertarse con garantías en la sociedad. Aquí cabe citar la labor realizada por las entidades del Tercer Sector Social –que han ayudado a 142 mujeres a acceder a un puesto de trabajo– y la llevada a cabo en colaboración con la Fundación Santa María la Real a través del Programa Empleo Mujer Castilla y León (Pemcyl), en el que hasta noviembre han participado 158 personas (entre ellas, 65 víctimas de violencia), con 69 contrataciones formalizadas (24 de ellas de víctimas).

Por otro lado, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha resuelto la concesión de 11 de las 15 solicitudes de ayudas recibidas dentro de la línea de fomento a la contratación de víctimas de violencia de género, cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE), mientras la titular de esta área, Isabel Blanco, ha anunciado una nueva línea de subvenciones a las empresas con esta finalidad, que se sufragará íntegramente con presupuesto autónomo.