Último Consejo Gobierno
La Junta ha movilizado en funciones más de 2.500 millones de euros
Fernández Carriedo defiende la normalidad en la gestión durante estos tres meses y medio para garantizar los servicios públicos y defender los intereses de Castilla y León
Desde que el pasado 20 de diciembre Fernández Mañueco disolviera las Cortes y convocara elecciones anticipadas el Gobierno regional ha estado en funciones. Desde entonces, han transcurrido casi tres meses y medio y este jueves se ha llevado a cabo el último Consejo de Gobierno en este estado, puesto que el martes el investido presidente tomará posesión de su cargo y el miércoles lo harán los consejeros que le acompañarán y ya celebrarán un primer Consejo que tendrá continuidad al día siguiente, jueves, fecha habitual de esta reunión semanal.
En estos tres meses y medio, la Junta ha aprobado 330 expedientes en los que ha movilizado más de 250 millones de euros. “Hemos garantizado la actividad diaria en la Comunidad así como los servicios públicos, la gestión de los fondos europeos y hemos generado créditos y aportado recursos además de defender los intereses de los castellanos y leoneses ante el Gobierno de España, destaca el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, quien ha desvelado que Mañueco, en la reunión, les ha agradecido su esfuerzo, algo que ha hecho extensivo a todos los empleados públicos de la Región, para que todo haya seguido funcionando con normalidad.
Fernández Carriedo ha puesto en valor también que hoy se hayan publicado en el Bocyl la convocatoria de 169 plazas de médicos de familia, que se hayan gestionado más de 20 millones de euros procedentes del Gobierno para movilidad sostenible, o que Castilla y León sea la tercera región de las quince no forales con mayor ejecución presupuestaria el pasado año.
Igualmente, el portavoz se refería a la defensa de los intereses de la Comunidad como una prioridad y recordaba que en la última semana la Junta ha plantado cara al Gobierno de España rechazando el Plan Hidrológico de la Cuenca del Duero o denunciando y pidiendo su revisión en lo que respecta a la futura Ley de Movilidad Sostenible, de la que Castilla y León está totalmente en contra por los perjuicios que tendrá para el medio rural.
“Castilla y León ha funcionado estos tres meses y medio con total normalidad”, insistía Fernández Carriedo, mientras dejaba entrever que en el próximo Consejo de Gobierno, ya con el nuevo Ejecutivo, se podría aprobar o iniciar el trámite del Plan Anticrisis anunciado por Mañueco durante el debate de investidura, con una inversión de 400 millones de euros, para contener la inflación y dar respuesta a las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania o a la subida de precios, en general, y energéticos, en particular.
Ucrania
Por otra parte, Carriedo desvelaba que son ya 2.172 los refugiados ucranianos o procedentes de ese país los que se encuentran en Castilla y León de forma legal y regulada, 422 más que hace una semana, de los que 1.666 cuentan ya con tarjeta sanitaria, 428 y un 36 por ciento más que hace siete días, y 485 están escolarizados.
Además, la Junta tutela a doce menores que llegaron no acompañados, mientras que vigila a otros 61 que se encuentran o bien con adultos que no son sus padres o con familias de acogida.
Sangre y pandemia
Por otro lado, el portavoz de la Junta, al igual que hiciera la semana pasada, advertía de que está aumentando la demanda de sangre en los hospitales mientras bajan las donaciones, debido principalmente a la Semana Santa, y por ello hacía un llamamiento a la sociedad para que acudan a los centros a donar su sangre y especialmente de los grupos A+, A- y 0-.
Respecto a la situación epidemiológica, Fernández Carriedo reconocía que los casos han repuntado, si bien señalaba que la presión hospitalaria y el número de ingresados no lo ha hecho en la misma proporción, por lo que pedía tranquilidad aunque también prudencia ante estos días festivos y después, una vez se suprima la obligación de usar la mascarilla en interiores a partir del miércoles que viene, salvo en hospitales, transporte público, residencias o en empresas que así lo decidan, -una medida que Castilla y León defiende-, y que se mantengan las medidas de prevención, como la distancia social, la ventilación y la higiene de manos.
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