El ICAVA renueva el convenio con la Diputación de Valladolid para continuar ofreciendo mediación vecinal gratuita en los municipios de la provincia

El Colegio de Abogados de Valladolid (ICAVA) ha renovado el convenio con la Diputación de Valladolid, firmado en diciembre de 2019 con el objetivo de mejorar la convivencia de los ciudadanos vallisoletanos, que recoge un servicio de mediación vecinal gratuita.

Esta prestación está dirigida a los ciudadanos de municipios de la provincia de menos de 20.000 habitantes, que también recibirán atención legal si desean acogerse al mecanismo de ‘Segunda Oportunidad’.

El acuerdo se cierra con la celebración de charlas de asesoramiento legal a jóvenes de los colegios, institutos y asociaciones juveniles de la provincia para informarles sobre qué comportamientos pueden suponer un delito y advertirles de las consecuencias penales de determinadas acciones que los menores no suelen considerar peligrosas.

Los abogados del Centro de Mediación del Colegio de Abogados de Valladolid (CEMICAVA), que funciona desde 2015 y que actualmente está formado por 46 letrados, son los encargados de llevar a cabo del servicio gratuito de resolución de conflictos que recoge el convenio. Esta prestación ofrece a los vecinos de la provincia un apoyo en problemas de proximidad vecinal, de utilización de espacios y mobiliario público, de convivencia, de asociaciones y de asuntos familiares intergeneracionales.

Los servicios municipales de cada localidad son los encargados de contactar con el ICAVA para fijar una fecha para una primera sesión informativa presencial o telemática con los ciudadanos interesados en la prestación. Con el objetivo de encontrar una solución consensuada a las diferencias que puedan existir entre vecinos de manera dialogada, para que el conflicto no derive en juicio, los letrados vallisoletanos mantienen una serie de reuniones con las partes.

Turno de Segunda Oportunidad

Con la firma del convenio con la Diputación en 2019, el Turno de Segunda Oportunidad, creado en Valladolid en 2016 de forma pionera a nivel nacional, se amplió a toda la provincia. Esta implantación supone el asesoramiento jurídico y la atención legal a ciudadanos con sobreendeudamiento y en riesgo de exclusión, según recoge la Ley 5/2015 de Mecanismo de Segunda Oportunidad.

Por lo tanto, los abogados del ICAVA continuarán informando a los vecinos de los municipios de menos de 20.000 habitantes sobre las herramientas legales que están a su disposición, entre las que se encuentran los acuerdos con sus acreedores y un calendario de pagos. El objetivo de esta ley es “la instauración de un sistema que permita ofrecer a las familias en situación de insolvencia una salida al fracaso económico sin tener que arrastrar indefinidamente la losa de una deuda que nunca podrán satisfacer”.

Asesoramiento legal a jóvenes

La tercera parte del convenio contempla la celebración de charlas dirigidas a jóvenes de la provincia para ofrecerles asesoramiento legal. “Ciertas acciones suponen un delito que conlleva consecuencias y es algo que muchos menores desconocen, por lo que es importante informarles sobre ello”, advierte el decano del ICAVA, Javier Martín, que añade: “Un buen ejemplo es que presentarse a un examen por otro supone una pena de seis meses a tres años y los jóvenes seguro que no lo saben”.

Algunos de los casos más graves, como homicidios imprudentes, lesiones, violaciones o robos, están penados con prisión de uno a seis años. Sin embargo, existen delitos menos conocidos que también pueden suponer penas de cárcel, como negarse a ‘soplar’ en un control de alcoholemia (de seis meses a un año), amenazar a padres o hermanos (de seis meses a un año), denunciar algo falsamente y lucrarse de ello (de seis meses a tres años) o mentir en un juicio o en una declaración judicial (de seis meses a dos años). Los profesionales encargados de impartir estas sesiones informativas recibieron en 2020 una formación centrada en estrategias psicopedagógicas dirigidas a jóvenes.