Los letrados de la Junta y los fiscales comparten una jornada para profundizar en el conocimiento de la contratación de las administraciones públicas

Una veintena profesionales, entre fiscales destinados en la Comunidad y letrados de los Servicios Jurídicos autonómicos, participa hoy en una jornada de estudio en Valladolid para profundizar en el conocimiento de la contratación de las administraciones públicas.

El director de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel González, presentó la cita, y remarcó que “algo tan cotidiano para las administraciones públicas como comprar unos bolígrafos o unas mesas de trabajo, o tener luz o gas para la calefacción de los edificios públicos, o tan especial como construir unas viviendas de protección oficial o arreglar una carretera, conlleva la necesidad de que las entidades públicas tengan que acudir al sector privado, y efectuar contratos públicos para su compra, suministro o realización”.

Además de la sesión de mañana, habrá otra de tarde donde los codirectores son la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Valladolid, Soledad Martín, y el letrado de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta, Javier Antonio, y que cuenta con la participación de expertos en materia de contratación pública procedentes tanto de la Administración Autonómica como del Ministerio Fiscal.

La fiscal Martín Nájera remarcó que “la normativa protege a los licitadores que tengan capacidad para ello, mediante el debido cumplimiento de los principios de libertad de acceso a la licitación, de publicidad y transparencia del procedimiento, y de no discriminación e igualdad de trato entre todos ellos”.

La cita sirvió para poner de manifiesto que al tener la contratación pública una normativa “muy compleja”, pueden producirse puntualmente conflictos en el marco de los procedimientos de gestión, por lo que también es “importante” en estos casos la diferenciación entre lo que pueden constituir irregularidades administrativas y las posibles conductas constitutivas de responsabilidad penal tanto en la actuación de los particulares licitadores como del personal y autoridades del órgano de contratación.

Asimismo, constataron que la contratación pública es de “gran importancia”, tanto desde el punto de vista económico, ya que el presupuesto que mueve supera el diez por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de toda España, como jurídicamente, ya que exige unos procedimientos de gestión y ejecución regulados de forma “muy compleja, técnica y especializada”.

Esta jornada es la primera actuación programada en el recientemente firmado Convenio de colaboración entre la Fiscalía Superior de Castilla y León y la Consejería de la Presidencia de la Junta en materia de formación, para profundizar en el conocimiento de temas jurídicos de interés conjunto, como son los temas de menores infractores, acoso escolar, de protección del medio ambiente o del patrimonio cultural, o los relativos a las agresiones frente a empleados públicos en ámbitos como sanidad, educación, entre otros.