Castilla y León se opone “radicalmente” al ‘cupo’ que pide Cataluña

La Junta de Castilla y León rechaza de forma frontal el modelo de financiación singular o “cupo” que ha planteado la Generalitat de Cataluña y que pasaría por ceder la recaudación del 100 por 100 de los impuestos a este territorio, que se haría también cargo del coste de los servicios, siguiendo el modelo del "concierto" vasco y el convenio navarro. “Nos oponemos radicalmente”, afirmó su portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

En la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno, tras conocer el sistema fiscal que ha puesto sobre la mesa la Generalitat de Cataluña, Fernández Carriedo censuró el “silencio” del presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, con esta cuestión, y consideró que esto es más “grave” que incluso la propuesta, que señaló se ha recogido en algunos de los pactos que el PSOE suscribió con sus socios independentistas para la investidura.

“Estamos a favor de una financiación sin privilegios”, dijo el titular de Economía y Hacienda, quien insistió también que debe mantener la “igualdad”, la “cohesión” territorial y la solidaridad. De esta forma, insistió en que los impuestos los pagan los ciudadanos y no los territorios ante cualquier debate que surja en torno a las denominadas “balanzas" o pactos fiscales, que aseguró parten de la “insolidaridad fiscal”.

Al respecto, el consejero señaló explicó que estos modelos parten de la idea “equivocada” de que los tributos se pagan por las provincias o los territorios, cuando reiteró que lo hacen los “españoles”. De hecho, señaló que la Constitución recoge que los impuestos se abonan en función de la capacidad económica y no del lugar de residencia y los servicios se reciben en virtud de las necesidades ya sean educativas, sanitarias o sociales.

De esta forma, el portavoz de la Junta señaló que la propuesta de Cataluña supondría que al final los ciudadanos que tienen más recursos, como pagan más impuestos, reciben mejores servicios y planteó qué “nadie" lo entendería si se aplicara esto a una “familia”, “calle”, “comunidad de vecinos”, “provincia” o “comunidad” autónoma. En su opinión, se trata de una medida “muy injusta” y “desigual” y repitió que son “muy contrarios” a ella, ya que representan a un gobierno “comprometido con la igualdad”.

Asimismo, reclamó la convocatoria de una Conferencia de Presidentes, que señaló sigue pendiente pese a la petición de las comunidades gobernadas por el PP, para abordar una financiación “sin privilegios”, “en igualdad” y que garantice la cohesión territorial, que añadió es la forma en que ellos han entendido “siempre” España. Además, señaló que la propuesta catalana parte de una autonomía que no acude a las reuniones del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Además, Fernández Carriedo censuró que el Gobierno y el PSOE se haya reunido en cuatro ocasiones con el expresidente Carles Puigdemont, líder de Junts, y sólo una vez con las comunidades en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. “Esta no es la forma de garantizar la igualdad de los españoles”, dijo, si bien señaló que Sánchez, al que acusó de anteponer sus intereses personales a los generales de España, sigue gobernando “bajo la presión” y la “amenaza”, al verse “sometido” a conceder “réditos”, “ventajas” y “desigualdad” a sus socios.

Entregas a cuenta

Por otra parte, el consejero de Economía y Hacienda volvió a pedir “explicaciones” al Gobierno por los importes de las entregas a cuenta que la Comunidad ha recibido en enero y febrero, ya que son inferiores en 51,3 millones de euros a las cantidades previstas y comunicadas, al librarse los pagos en referencia a los Presupuestos Generales del Estado de 2023, que se encuentran prorrogados.

Hasta el momento, dijo son 154,5 millones lo que ha dejado de percibir Castilla y León, una situación que Fernández Carriedo explicó también sufren otras comunidades. “Les pasa lo mismo”, dijo. Por ello, reclamó al Gobierno que busque la “fórmula” para poder solucionarlo, porque señaló el Ejecutivo está afrontando los pagos de unos gastos en 2024, afectados por un escenario de “alta” inflación.