Las Cortes piden medidas que faciliten desalojar okupas en 24 horas

La vivienda es el principal problema que tiene España en estos momentos, ya sea por que hacen falta que se construyan decenas de miles de ellas para dar respuesta a la demanda existente, porque hay cada vez menos inmuebles en alquiler, debido al "boom" de los pisos turísticos o y al miedo de los propietarios a meter en su casa a un inquilino que deje de pagarle las mensualidades, o por el aumento de la okupación de inmuebles.

Ante esta tesitura, el Parlamento autonómico ha acogido esta mañana el debate de una moción impulsada por Vox, compuesta por 34 puntos que se votaban por separado, de los que finalmente salían doce adelante gracias al apoyo del PP, ya que el resto de grupos se abstuvieron, incluidos los dos no adscritos de Vox, Javier Teira y Ana Rosa Hernando, mientras que el PSOE votó en contra de todos los puntos.

Si bien, la mayoría de PP y Vox lograban aprobar esta docena de puntos de la iniciativa, entre los que se encuentran pedir al Gobierno de España y a la Junta medidas contra la okupación de viviendas y que se pueda desalojar a un okupa en 24 horas, así como evitar que puedan empadronarse en esas casas que han asaltado.

Además, la moción reclama también a Sánchez que derogue la última ley de vivienda (2023), que se recuperen las deducciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por la hipoteca y el alquiler, o que se habiliten los mecanismos necesarios para que los avales hipotecarios lleguen “sin demoras” a los beneficiarios.

La iniciativa pide también a la Junta que mejore todos los servicios públicos básicos en las pequeñas y medianas ciudades así como en los pueblos, y que se proteja mejor a las pequeñas y medianas empresas. Igualmente, demanda la elaboración de un estudio “pormenorizado” sobre el estado actual del parque de vivienda social y protegida de la Comunidad, así como de las zonas a las que se debe dar prioridad, y que se aumente la construcción de viviendas protegidas en régimen de propiedad y alquiler con opción de compra.

Finalmente, otro de los puntos aprobados pide fomentar la colaboración público-privada para aumentar el parque de vivienda social y movilizar el suelo de titularidad pública para la promoción de vivienda en “alquiler asequible”.

Durante el debate parlamentario, la procuradora del PP María Antonia López justificaba el rechazo a 22 puntos en que la Junta ya lleva a cabo muchas de esas medidas, y reivindicaba la aprobación de una iniciativa del PP en el Congreso contra la ocupación ilegal. También defendía la existencia de un problema de "okupación" en la Comunidad en su experiencia como alcaldesa del municipio vallisoletano de Santovenia, en el que ha habido varios casos. Algo que negaba el socialista Rubén Illera, para quien la okupación en Castilla y León "no es un problema” e insistía en la necesidad de que Castilla y León apruebe un Plan de Vivienda autonómica.

El proponente, David Suárez, de Vox defendía esta moción “en la colosal crisis” del sector y pedía un “viraje de 180 grados".

Por su parte, el procurador del Grupo Mixto Francisco Igea aprovechaba su intervención para defender la igualdad fiscal y criticar el 'dumping fiscal' de la Comunidad de Madrid, mientras que Pablo Fernández (Unidas Podemos) afeaba a Vox por su “aporafobia” y su medidas que “sólo benefician a empresas de seguridad y a los grandes tenedores” y ha planteado la “intervención del Estado en el mercado de la vivienda”.

Pinza PSOE-Vox

Por otro lado, PSOE y Vox han votado juntos en un tres puntos de una iniciativa impulsada por los socialistas con un decálogo de medidas, que salían adelante en materia sanitaria. En concreto e insta a la Junta a que un paciente no espere más de 24 horas para ser atendido por su facultativo de referencia, así como a actualizar las bolsas de empleo de enfermeras especialistas y a habilitar una partida en los presupuestos para la Estrategia de Salud Mental.

Los tres apartados contaron con el apoyo de Vox, que pidió la votación por separado y aceptó el ponente Jesús Puente, que se sumó así al resto de la oposición, excepto los dos procuradores no adscritos que votaron con el PP, en todos los puntos de la moción.