Demandan más funcionarios en los servicios jurídicos de Medio Ambiente

El Sindicato profesional de Agentes Medioambientales de Castilla y León (Apamcyl) denuncio públicamente la “grave” situación que atraviesan los Servicios Territoriales de Medio Ambiente de varias provincias debido a la “falta de funcionarios de los servicios jurídicos”, responsables de tramitar los expedientes sancionadores derivados de las denuncias interpuestas por los agentes medioambientales y otros cuerpos dante las infracciones contra las leyes medioambientales.

Asimismo, señalan que esta “carencia” tiene un “impacto directo" en el trabajo de los agentes medioambientales, en la seguridad jurídica de los administrados y, especialmente, en la protección del medio ambiente.

La “ausencia" de este personal provoca un ”colapso en la tramitación de denuncias", lo que deja “sin resultado el esfuerzo y el trabajo de campo” realizado por los agentes medioambientales y resto de agentes que se ocupan de la protección de la Naturaleza, ya que todas las denuncias sobre incumplimientos ambientales se han de resolver por la administración autonómica en la mayoría de los casos.

También lamentan que estos profesionales dedican “tiempo y recursos a vigilar, investigar y documentar posibles infracciones”, pero sin la “instrucción adecuada”, sus actuaciones "quedan vacías de contenido y sin respaldo y efecto real", ya que “decaen y generan una sensación de impunidad ante el incumplimiento de la normativa”, añadieron.

La falta de funcionarios de los servicios jurídicos no solo afecta a los trabajadores públicos y a los ciudadanos, sino que además deja al medio ambiente desprotegido. Aunque los Agentes Medioambientales realizan su labor con dedicación y profesionalidad, la paralización de los expedientes sancionadores permite que las infracciones queden impunes y se repitan, ocasionando daños irreparables al entorno natural y en muchas ocasiones a la seguridad medioambiental y a la salud pública de la ciudadanía.

Asimismo, esta situación genera “indefensión" para los administrados. En algunos casos, apuntan que las denuncias pueden derivar en procedimientos "sin la debida tramitación o garantías, con perjuicios irreparables, especialmente cuando implican el decomiso de armas, herramientas o materiales utilizados en las infracciones", incluso por paralización de actividades de manera cautelar, que pueden conllevar “responsabilidad patrimonial de la administración”.

Por todo ello, Apamcyl exige a la Junta de Castilla y León que adopte “medidas urgentes” para cubrir las “plazas vacantes" de funcionarios de los servicios jurídicos en los Servicios Territoriales de Medio Ambiente.

"La protección del medio ambiente, la seguridad jurídica de los ciudadanos y la eficacia del trabajo de los funcionarios públicos no pueden seguir en riesgo por la falta de personal cualificado y por decisiones políticas incoherentes con los objetivos de conservación y cumplimiento de la legalidad", finalizan.