Energía

La receta eléctrica para salvar la Industria en España

La estrategia tras el apagón de Red Eléctrica y la recuperación de impuestos devuelven el precio de la luz a los 80 euros MWh y disuelven la ventaja renovable que obtenían las empresas españolas frente al resto de la UE

Acero siderurgia
Acero siderurgiasiderurgiaAgencia AP

España registró un precio máximo de la electricidad en 2024 de 193 euros el megavatio hora. Fue en noviembre. En 2025, ha habido picos de 240 euros en febrero, previo al apagón de abril, y en octubre de 230 euros. Todo ello con precios mínimos mucho más acusados de hasta –15 euros MWh. Los vaivenes en el coste de la electricidad han dejado los precios medios del «pool» eléctrico en 63 euros por megavatio hora (MWh) en los nueve primeros meses del año, lo que supone un alza interanual del 21%.

A esa cantidad hay que sumar, en promedio, otros 17 euros de costes de los servicios auxiliares derivados de la denominada «operación reforzada» aprobada por el operador del sistema (Red Eléctrica de España) desde el apagón del 28 de abril. Con todo ello, el precio medio eléctrico es de 80 euros el MWh de enero a septiembre.

Economía.- El coste del modo reforzado alcanza 422 millones desde el apagón, el 2,34% de los costes totales del sistema
Economía.- El coste del modo reforzado alcanza 422 millones desde el apagón, el 2,34% de los costes totales del sistemaEuropa Press

El encarecimiento de la luz está vinculado no solo a la operación reforzada que aplica el gestor REE desde el apagón, sino también a la recuperación de todos los impuestos que quedaron suspendidos o rebajados por la crisis energética derivada de la invasión rusa de Ucrania.

La medida que mantenía un IVA reducido del 10% para contratos de hasta 10 kilovatios acabó en enero pasado. Desde entonces, todos los consumidores, independientemente de su potencia contratada, pagan el 21% por la luz. Además, se recuperó plenamente el Impuesto Especial de la Electricidad (IEE) desde el 0,5% al que quedó reducido en 2023, hasta el actual 5,11%, y el Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica (IVPEE), que también vuelve a estar en el 7% tras su suspensión en 2021.

La suma ha derivado en que la ventaja que habían obtenido los sectores con alto consumo de energía eléctrica respecto a sus competidores más directos en la Unión Europea, donde el precio medio de la electricidad fue superior a 80 euros MWh, haya quedado diluida. «Hay que actuar en los precios energéticos si no queremos perder inversiones en la primera industria exportadora de España, que da empleo a 240.000 personas de forma directa, el 7,3% del empleo asalariado, y a casi un millón con indirectos e inducidos», explica a LA RAZÓN Juan Antonio Labat, director general de la patronal de la Industria Química Española (Feique).

La situación es preocupante para la química básica, el cimiento de toda la industria, ya que abastece al 98% de ella, y que agrupa a las grandes plantas. La industria química básica acumulará una caída del 8,9% desde 2020, frente al crecimiento del 16,5% previsto para el conjunto del sector. El retroceso es especialmente crítico desde 2022 por el fuerte incremento de los costes energéticos, de un 40% en el caso de la electricidad desde 2019, multiplicándose por dos en el caso del gas. El impacto en el empleo del alza de la energía es automático: de enero a septiembre de 2025, la química básica ha perdido un 3% de puestos de trabajo cualificados y con una remuneración media de 45.000 euros brutos.

Las industrias químicas o la automotriz, la segunda más potente de la UE tras la alemana, creen que la creciente capacidad renovable de España es capaz de ofrecer precios incluso por debajo de los 40 euros MWh. Sin embargo, el 28-A ha derivado en una estrategia que tapona a las renovables para asegurar el servicio. Ante la parálisis del Gobierno frente al encarecimiento de los precios de la electricidad y sin que se conozca la fecha en que REE retirará su operación reforzada, las eléctricas plantean una batería de medidas, algunas de ellas de fácil implementación, según asegura a este diario la directora de regulación de la patronal eléctrica Aelec, Marta Castro.

Más reactiva, más renovable

Para empezar, en España falta energía reactiva, la que no se consume pero es necesaria para mantener la tensión estable. Los generadores –convencionales y renovables– participan en este control de acuerdo con las órdenes de REE. Pero, además, el operador puede usar sus propias herramientas para estabilizar la red: reactancias, Statcom, compensadores síncronos o la desconexión de líneas. Sin embargo, estas infraestructuras son todavía insuficientes en España. De hecho, de los seis Statcom previstos en la planificación eléctrica, solo dos estaban en servicio el 28-A. Italia, por ejemplo, dispone del doble de potencia de estos convertidores de fuente de voltaje. Los Statcom son soluciones electrónicas capaces de generar o absorber potencia reactiva de manera ultrarrápida. Al inyectar potencia reactiva en la red puede aumentar la tensión en el punto de conexión. De manera similar, al absorber potencia reactiva, puede disminuir la tensión. Esta capacidad es crucial ante perturbaciones en el sistema.

Para mitigar también la disminución significativa tanto de la inercia del sistema (asociada a la frecuencia), como de su potencia de cortocircuito (asociada a la tensión o voltaje) por la entrada de mayor electricidad renovable, España necesita agilizar la instalación de compensadores síncronos que ajusten la tensión de forma estable, suave y continua sin introducir «armónicos» que pueden provocar distorsiones y sobrecalentamiento.

En Italia hay 16 compensadores síncronos en funcionamiento y continúa ampliando su red. España acaba de aprobar en julio la instalación de ocho compensadores en la Península; otros dos en Canarias, en La Palma y Lanzarote, complementando los ya previstos en Gran Canaria y Tenerife; y se adelanta la ejecución de otro en Mallorca. Los compensadores síncronos son máquinas de gran tamaño y de alto coste, de más de 70 millones de euros.

Además, hay medidas de rápida aplicación que permitirían dar más seguridad al sistema para impulsar de nuevo la generación verde que abarate la luz. Una de ellas es acelerar la entrada de renovables en el control dinámico de tensión que, en muchos casos, no requiere inversión adicional, solo habilitar las funciones ya disponibles en los inversores.

Y es que, aunque se están dando pasos en este sentido, «el sistema seguirá funcionando como hasta ahora durante buena parte de 2026», advierte Castro.

Otra receta es volver al estándar europeo de tensión de 420 kilovoltios. En España, las tensiones han ido aumentando año tras año. Ante esta realidad, la solución de REE fue considerar «normal» hasta 435 kilovoltios, cuando el estándar europeo es 420 kV. En la práctica, esto significa elevar el umbral de normalidad en lugar de reducir las tensiones e implica que, mientras en Europa las centrales se desconectan automáticamente si la tensión supera los 440 kV (con un margen operativo de 20 kV), en España el margen sería de solo 5 kV, un rango tan pequeño que cualquier desviación puede provocar desconexiones masivas.

Y luego están las medidas impositivas. Las más sencillas de retirar y algo a lo que urge la Comisión Europea: limpiar la electricidad de cargas que no le corresponden, como la financiación de la política energética.

Por eso, la industria reclama ya la desaparición del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica, creado precisamente en 2012 para sufragar un déficit de tarifa que desaparecerá a finales de 2027 y que convierte a nuestro país en el único de la UE que mantiene un impuesto a la generación.

También reducir el Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5% para la industria –frente al 5,11% general– e incorporar la mayor parte de los servicios de ajuste a los peajes. Estos servicios añadían apenas 4 euros por MWh al precio de mercado, pero iniciaron una escalada progresiva hasta que en 2024 alcanzaron una media de 12 euros/MWh, y este año acabarán por encima de 17 euros/MWh por la operación reforzada de REE tras el apagón.

Feique propone trasladar, al menos, el coste de las restricciones técnicas, como hace el resto de los países de la UE, a los peajes (un coste regulado que pagan todos los consumidores para financiar la retribución del transporte y la distribución) y aplicar una reducción estructural y permanente del 80% de los peajes para las empresas electrointensivas. El objetivo: transmitir certeza sobre precios competitivos de la energía. «Hablamos de inversiones millonarias a 40 años que necesitan estabilidad», recuerda Labat.