La Junta de Castilla y León extiende las ayudas del comercio al por menor a los servicios de proximidad

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo extenderá los apoyos del comercio al por menor a establecimientos de prestación de servicios de proximidad y prevé subvenciones de hasta 24.000 euros para la modernización, digitalización y mejora de la gestión. El departamento que dirige Mariano Veganzones publicó su propuesta de bases reguladoras de estos apoyos, a cargo de la Dirección General de Comercio y Consumo, donde recuerda que la Junta viene apoyando con ayudas específicas proyectos de inversión en estas materias del comercio al por menor, pero en los últimos años, como consecuencia de la crisis por la COVID y después por la guerra de Ucrania, “se ha constatado un importante incremento de la tasas de desaparición de algunas actividades comerciales en nuestros núcleos urbanos y su sustitución por otras dedicadas a los llamados servicios de proximidad”. Unos servicios, indica, que “generan importantes sinergias con el sector del comercio al por menor, contribuyendo a la generación de empleo y a dotar de dinamismo económico a las áreas comerciales”.

En este contexto, argumenta que la revitalización de la actividad en las ciudades “requiere que el apoyo prestado a las empresas comerciales se extienda más allá de las empresas que realizan una actividad comercial de carácter minorista, a otras cuya actividad consiste en la prestación de determinados servicios que constituyen un acto de comercio, siempre que tengan como destinatario al consumidor o usuario final”.

Recuerda el documento que esta extensión es necesaria “máxime” cuando estas actividades “no han contado tradicionalmente con una línea de ayuda específica por parte de la Administración regional” para sus proyectos de inversión, más allá de los apoyos a través de las líneas genéricas para pymes y autónomos.

Así se extienden las subvenciones del comercio al por menor a los servicios de proximidad, “los ofertados al mercado con ánimo de lucro, siempre que se presten directamente al usuario final en un establecimiento abierto al público”. Al respecto, junto al comercio al por menor, se incluyen actividades de fotografía; fotocopiado; reparación de ordenadores, de equipos de comunicación, de aparatos electrodomésticos, de calzado, de muebles, de relojes y joyería y de efectos personales; lavado y limpieza de prendas textiles; peluquería y otros tratamientos de belleza.

Quedan excluidos los comercios al por menor de tabaco, combustible y productos farmacéutico, así como los servicios de carácter financiero, se seguros y de transporte; profesiones liberales; de suministro de agua, gas, electricidad y teléfonos; de alojamiento, bares, restaurantes y hostelería en general; y de empresas de ocio y espectáculos, como cines, teatros, circos, parques infantiles y similares.

La línea de ayudas, incluida en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, está dirigida a pymes, para modernización o mejora de la imagen del establecimiento o su adecuación a su actividad; y su digitalización mediante la introducción de mejoras en su sistema de gestión o comercialización, a través delas TIC.

Asimismo, podrá subvencionarse la realización de auditorías energéticas o ambientales; la redacción de proyectos técnicos y la dirección facultativa de los trabajos; obras e instalaciones de adecuación interior o exterior de los establecimientos; la adquisición de rótulos, mobiliario o maquinaria; así como el hardware, software y los servicios de apoyo para la implementación de las herramientas y soluciones tecnológicas.

La cuantía de la subvención por cada establecimiento para el que se solicite será del 60 por ciento del presupuesto aceptado, que no podrá ser inferior a 2.000 euros, ni superior a 40.000. Los apoyos se acogen al reglamento europeos de minimis, que limita las subvenciones máximas durante un periodo continuado de tres años a 200.000 euros.

La convocatoria se resolverá en régimen de concurrencia competitiva. A igualdad de valoración, “tendrán preferencia los proyectos presentados por las empresas que acrediten ocupar el mayor porcentaje de trabajadores con discapacidad en relación a sus respectivas plantillas”.

El planteamiento de orden de bases reguladoras indica que las propuestas deberán presentarse de forma electrónica a través de la sede telemática de la Administración de la Comunidad. El plazo máximo para resolver las solicitudes y notificar las resoluciones será de seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de solicitudes. Si transcurre ese plazo sin respuesta, se entenderá desestimada la petición, informa Ical.