La Junta prevé destinar 37 millones de euros hasta 2027 para fortalecer el comercio minorista y rural en Castilla y León

La Consejería de Industria, Comercio y Empleo trabaja en el borrador de la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027, que contempla inversiones por encima de los 37 millones de euros durante las próximas cuatro anualidades, con el objetivo de consolidar un “firme apoyo al comercio minorista, especialmente al de proximidad y más concretamente al comercio de pequeña superficie, junto con el apoyo a su modernización y digitalización, sin abandonar la apuesta por el establecimiento físico”.

Según ha podido confirmar Ical, la normativa pretende abordar el término ‘comercio’ desde una perspectiva “amplia”, acogiendo a los servicios de proximidad y su evidente carácter comercial, puesto que “generan importantes sinergias y dotan de dinamismo económico a los pueblos y ciudades”. Todo ello además de refrendar el apoyo al comercio en el medio rural.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran el sector minorista como “clave y estratégico” en Castilla y León, no solo por su dimensión económica, sino también por “su función social y su importante contribución a la calidad de vida de la población en general”. En ese sentido, la normativa en desarrollo surge como respuesta a la “tendencia sostenida de reducción del número de empresas y de locales comerciales, especialmente significativa en el medio rural”.

Seis áreas de acción

La estrategia, que aglutina 53 actuaciones, contempla seis áreas de acción, la primera de las cuales se centra en la protección del comercio minorista. Con ese objetivo se invertirán 1,92 millones para ordenar todo el sector del comercio de Castilla y León, e intentar así equilibrar las relaciones internas que en él se producen, adaptándolo a todos los formatos y permitiéndole ajustarse para tener capacidad de reaccionar a los cambios que se produzcan en la oferta comercial.

El segundo de los ejes previstos gira en torno a la formación y cultura comercial. Con un presupuesto de 3,2 millones se intentará poner en valor las características principales del comercio de proximidad y propiciar un acercamiento a esta salida profesional y de emprendimiento. El eje se completa con las campañas, medidas de promoción y reconocimiento de buenas prácticas.

En tercer lugar, se contempla la inversión de cuatro millones para la modernización del comercio tradicional de proximidad, junto con las inversiones tecnológicas, fundamentalmente de la digitalización. Y la mayor de las partidas presupuestarias se destinará al fomento de la demanda en el comercio de proximidad, con 24 millones de euros, de los cuales 1,8 serán para mejorar el entorno comercial urbano (en particular los mercados de abastos como grandes tractores urbanos) y el resto, para la reactivación del consumo. En esta partida se incluye la continuidad de medidas desarrolladas por las entidades locales implantadas tras la pandemia, como los bonos al consumo o campañas de promoción.

El quinto eje se centrará en el impulso del emprendimiento comercial, y propiciará con 1,34 millones de euros actuaciones que persigan la renovación del tejido comercial, y conectar el comercio de proximidad con otro tipo de servicios que favorezcan la continuidad y la colaboración con la actividad comercial propiamente dicha.

Por último, el borrador de la Estrategia de Comercio Minorista y Rural de Castilla y León 2024-2027 incluye un plan específico dotado con 2,64 millones de apoyo al comercio rural, para brindar especial atención a zonas donde “el comercio se convierte en algo más que una actividad de comercio”, al ser “un servicio necesario para contener la pérdida de población en pequeños núcleos rurales”. Este eje conecta de forma constante con el resto de los contenidos de la estrategia que, directamente o de forma tangencial, se vinculen con el comercio rural.

Todas las actuaciones previstas en la estrategia se realizarán con cargo a las disponibilidades presupuestarias que anualmente se fijen en las sucesivas Leyes de Presupuestos Generales para Castilla y León que se mantengan en vigor durante la vigencia del Plan. Por ello, advierten que la financiación de todos los compromisos que se deriven de su aplicación quedará condicionada a las disponibilidades presupuestarias.