Junta y Universidad, de la mano para incrementar la empleabilidad de los titulados y atraer talento

Reforzar la colaboración de las fundaciones generales para la creación de agencias de colocación públicas que faciliten no solo la inserción laboral de los egresados universitarios a puestos de trabajo cualificados, sino también que éstas sirvan como una “herramienta efectiva” para realizar un seguimiento de las necesidades detectadas por las empresas; facilitar la formación adicional que permita mejorar los perfiles de los universitarios; y contribuir a la integración laboral en Castilla y León del talento formado en las universidades públicas de la Comunidad, son las prioridades de este convenio.

Estos son, grosso modo, los objetivos que persigue el acuerdo alcanzado este martes en la capital burgalesa entre la Junta y las Fundaciones de las Universidades de Burgos, León, Salamanca y Valladolid.

Actualmente, las fundaciones generales de las universidades públicas mantienen programas de prácticas de titulados que llegan a alcanzar altos niveles de inserción laboral, cifrados en más del 65 por ciento en el primer año tras la consecución de la titulación universitaria y más del 80 por ciednto una vez transcurrido este.

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, estampaba su firma en este acuerdo y ponía en valor el buen hacer de las fundaciones universitarias. "Son instrumentos imprescindibles para llevar a cabo actuaciones en materia de empleo ya que ayudan a capitalizar las acciones de la Administración regional a toda la sociedad”, apuntaba.

El vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos, Gonzalo Salazar, por su parte, se mostraba satisfecho por este acuerdo ya que, en su opinión, permitirá incrementar el número de titulados que se queden en el entorno industrial y empresarial de Castilla y León "y, sobre todo, que el talento formado en nuestras universidades no se vaya”.

Veganzones destacaba también que la creación de agencias de colocación responde a la nueva Ley de Empleo que instaura la colaboración entre administraciones y designa a las universidades públicas como entidades colaboradoras preferentes en materias de políticas activas de empleo.

El periodo de financiación previsto por este convenio se extiende por cuatro años y conlleva una ayuda de 110.000 euros para las cuatro fundaciones durante el primer año y de 150.000 anuales el resto.