Política

El PP llama a llenar el domingo las calles de Castilla y León de descontentos con la amnistía

"España no se vende y lo vamos a decir de manera pacífica y ejemplar", asegura el presidente de los populares de Valladolid, Conrado Íscar

Conrado Íscar, Carnero, Cantalapiedra y Arenales presentan la manifestación del domingo
Conrado Íscar, Carnero, Cantalapiedra y Arenales presentan la manifestación del domingoMiriam Chacón/Ical

El Partido Popular calienta motores con vistas a las masivas manifestaciones que tendrán lugar este próximo domingo en las principales capitales de Castilla y León por el pacto del PSOE con los independentistas catalanes que lleva aparejada la amnistía y la condonación de la deuda de 15.000 millones de euros a Cataluña. Por eso desde las direcciones provinciales del PP han ido presentando esta convocatoria a lo largo de este jueves y llamando a la ciudadanía a manifestarse, siempre des manera pacífica.

En Valladolid. su presidente, Conrado Íscar incidía en que "vamos a decirle a Sánchez que España no se vende y lo vamos a hacer de manera pacífica, ejemplar y rechazando cualquier altercado violento". Un acto en el que ha estado acompañado por la diputada Mercedes Cantalapiedra; la senadora Arenales Serrano y el alcalde y también senador, Jesús Julio Carnero.

Tras asegurar que Carles Puigdemont "será el presidente en la sombra por que Sánchez ya no pinta nada", ha indicado que "no queremos ese jarabe democrático ni asaltar el parlamento, queremos que se deje de mentir y que se cumpla la Ley".

Mientras, Jesús Julio Carnero ha argumentado esta manifestación por la defensa del estado de derecho frente al delincuente y forajido Puigdemont, a la vez que ha recalcado que esos 15.000 millones de quita "se restan a los españoles" y se podrían dedicar a la Autovía del Duero o al soterramiento y la concordia.

En Burgos comparecía el coordinador provincial y diputado nacional, Ángel Ibáñez, quien ha asegurado que esas decisiones "en ningún caso van a poder garantizar la convivencia" y ha acusado a Pedro Sánchez de "ocultar a todos los españoles cualquier tipo de información sobre la cuestión".

“Que el aspirante a presidente del Gobierno haya decidido subastar el Estado, privilegiar a delincuentes y ofrecer su supervivencia política a todos los partidos independentistas, desde Bidu hasta Junts, da una muestra de la degradación institucional a la que se está sometiendo el Partido Socialista en nuestro país”, añadió Ibáñez, que lamentó que esto se esté llevando a cabo con la “complicidad” de los dirigentes socialistas de Burgos y Castilla y León. “Siguen callados, sin dar la cara y sin explicarnos por qué son cómplices de esta cuestión”, aseveró.

Sin embargo, indicó que desde el PP tienen una “esperanza” en el Poder Judicial. “Por mucho que Sánchez intente que haya delincuentes que no tengan que rendir cuentas ante la justicia, va a ser difícil que trate de controlar el Poder Judicial y nuestro Estado de Derecho. Tanto en el presente como en el futuro, porque es un poder independiente”. “ Tenemos la máxima confianza en nuestro Estado de Derecho y en el Poder Judicial y esperamos que pueda ejercer una defensa férrea ante este ataque frontal que se está enfrentando”, añadió.

Y en León, la presidenta del partido y diputada nacional Ester Muñoz, acompañada por Antonio Silván, criticaba la "amnistía a la carta, por unos determinados delincuentes, por siete votos" y ha llamado a los leoneses a llenar las calles "a favor de la igualdad y en contra de la amnistía, en lo que considera un "pacto contrario a la democracia, al estado de derecho y a la igualdad".

Ester Muñoz comparece ante los medios
Ester Muñoz comparece ante los mediosCampillo/Ical

Para la dirigente provincial del PP, el pacto de gobierno y la consiguiente amnistía supone “laminar la separación de poderes” al prometerse la anulación de sentencias de los tribunales. “Nunca habíamos asistido a algo similar. Ningún candidato en las negociaciones prometió anular sentencias , inmiscuyéndose directamente el poder judicial”, dijo sobre un acuerdo que resumió como “una compra-venta entre el presidente Sánchez y un fugado de la Justicia”.