Sacyl indemnizará con 124.000 euros a la familia de un paciente que murió de cáncer gástrico tras tres años sin diagnosticar

La Junta de Castilla y León deberá indemnizar con 124.000 euros a la viuda e hija de un paciente fallecido por un retraso en el diagnóstico de un cáncer gástrico. El paciente, de 58 años, comenzó a acusar en 2016 ferropenia y sangre oculta en heces. Su médico de cabecera del Centro de Salud Los Jardinillos (Palencia) le diagnosticó de anemia y le pautó un tratamiento con hierro y controles periódicos.

Esta situación se prolongó durante tres años con sintomatología cada vez más acusada. Sin embargo, los profesionales médicos no consideraron oportuno cambiar el tratamiento y durante todo ese tiempo, lo único que se determinó fue continuar con la misma pauta. En ningún momento se derivó al paciente al especialista para realizar pruebas complementarias y averiguar cuál era el motivo por el que, a pesar de la medicación, no mejoraban los rangos analíticos, con ferropenia mantenida durante esos tres años, y déficit de vitamina B12.

Cuando finalmente el paciente fue visto por el especialista, en el mes de octubre de 2020, se le realizó toda una batería de pruebas complementarias. Fue entonces cuando se llegó a la conclusión de que el hombre sufría un cáncer gástrico. Sin embargo, cuando se detectó, la enfermedad ya estaba avanzada (estadio IV), con metástasis hepática y peritoneal. El paciente falleció en febrero de 2021 ante la nula posibilidad de aplicar ya ningún tratamiento efectivo.

La viuda y la hija del paciente fallecido presentaron una reclamación ante Sacyl y la Inspección Médica emitió informe desfavorable al entender que “la actuación tanto de Atención Primaria como del Hospital Río Carrión (Palencia) habían sido correctas”. Si bien, el Consejo Consultivo de Castilla y León emitió un dictamen opuesto alegando que la ausencia de pruebas diagnósticas impidieron atajar la enfermedad y eso derivó en “una situación de pérdida de oportunidad en obtener un diagnóstico precoz donde hubiera sido posible su tratamiento”.

La defensa del caso ha sido llevada a cabo por el Abogado Santiago Díez Martínez, del Bufete SDS Legal, despacho encargado de los Servicios Jurídicos de la Asociación El Defensor del Paciente en Castilla y León. “No es justificable que un paciente permanezca durante más de tres años sin que se le realice ni una sola prueba diagnóstica para averiguar el origen de sus dolencias, mientras el médico ve cómo se va consumiendo víctima de un cáncer que daba signos de alarma que deberían haber sido estudiados”, lamentó la presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente, Carmen Flores.