Barcelona declara la emergencia climática y recrudece la guerra contra el coche

Barcelona declaró ayer la emergencia climática. Lo hizo con toda la pompa y el boato que el Ayuntamiento puede permitirse. Así las cosas, la alcaldesa, Ada Colau, y su equipo anunciaron un centenar de medidas para frenar o mitigar los efectos del cambio climático a corto, medio y largo plazo. El objetivo del gobierno municipal es reducir en dos millones de toneladas las emisiones de CO2 para 2030 respecto a las actuales (5 M t). Para ello, el consistorio invertirá 563 millones de euros en los próximos cinco año. Las medidas, en su mayoría recogidas en el propio programa electoral, pasan por convertir a Barcelona en una ciudad verde.

Es decir, transformar 15 km de calles en supermanzanas y ejes verdes hasta el 2024 (en el mandato pasado se hicieron 3,3); ganar 40 hectáreas de verde urbano público; intervenir en diez espacios soleados (como el paseo Marítimo o el Parque del Fórum) para proveer sombra y confort térmico; actuar en 200 escuelas hasta 2023 para mejorar la calidad ambiental y la seguridad vial; conectar los tranvías por la Diagonal; alargar el Trambesòs hasta Verdaguer en este mandato; convertir en zonas 30 la mayoría de las calles de la ciudad; o conectar el tramo central de la L9 (depende de la Generalitat), entre otras. Es decir, promover muchas más restricciones al tráfico privado. «No queremos un decreto retórico, queremos un antes y un después en la lucha contra la emergencia climática», señaló la alcaldesa.

El documento propone evaluar la «capacidad de carga turística» de la ciudad y promover un turismo sostenible; impulsar un cambio de modelo económico más justo y sostenible; impulsar una fiscalidad social y climática, y generar incentivos económicos hacia el empleo verde.

Prevé desplegar un sistema de recogida de residuos individualizada al 100% en viviendas y comercios y aumentar el reciclaje hasta el 65% y reducir el consumo de agua a 100 litros al día por persona, así como eliminar los plásticos de un solo uso y promover alimentos locales y ecológicos y dietas con menos proteína animal. Asimismo, se contempla estudiar medidas complementarias a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) como el peaje de toxicidad y «zonas de ultrabajas emisiones» cerca de escuelas y centros hospitalarios, así como activar 100 equipamientos como refugios climáticos en caso de emergencia por clima extremo.

Colau subrayó que la declaración culmina un proceso de reflexión conjunta con técnicos y expertos en el marco de la Mesa de la Emergencia Climática, y que se suma al Plan Clima 2018-2030: «Lanzamos un mensaje al mundo: se acaba el tiempo. Todos son bienvenidos y necesarios, y se pueden adherir a la declaración», dijo Colau.

La alcaldesa empezó el acto presentando la campaña informativa «Això no és un simulacre» (Esto no es un simulacro) sobre los efectos de la crisis climática en la ciudad, con un vídeo que se proyectará en la fachada del Ayuntamiento de Barcelona para llamar la atención de la ciudadanía.

«Esto no es un simulacro. Esto es una emergencia. Estamos destinados a pasar a la historia, pero depende de nosotros cómo lo hagamos», y Colau tendió la mano al resto de administraciones para trabajar juntas, y ha reconocido que gran parte de la responsabilidad de la situación actual la tienen las ciudades.

Al acto asistieron miembros del gobierno municipal de BComú y PSC y de todos los grupos municipales; técnicos y expertos, y miembros de entidades ecologistas, que escucharon a los concejales Jaume Collboni y Janet Sanz o Eloi Badia.