Ilusiones judiciales

Uno de los momentos que los jueces esperamos todavía con cierta ilusión, es el del nombramiento del ministro de Justicia. No por aquello de colmar aspiraciones individuales, ya que aunque hay muchos tipos de vocación de servicio público, creo que en términos generales estamos bastante contentos con la vertiente que hemos elegido. Se trata más bien de satisfacer ciertas aspiraciones colectivas, por ello siempre abrigamos la esperanza de que el elegido (o elegida), comparta nuestras sensibilidades, conozca la problemática existente de la administración de justicia y actúe en consecuencia.

Con la anterior ministra de Justicia la gran mayoría nos sentimos un poco decepcionados. No en vano, pensando que accedía al cargo directamente desde la carrera fiscal, era de esperar que ofreciese soluciones a ciertos problemas e inquietudes que, hasta entonces, parecía que compartía. Luego descubrimos que su paso por el Ministerio únicamente tenía como finalidad adquirir «experiencia» para su posterior cargo, el de Fiscal General del Estado. Los beneficios del colectivo y de la administración de justicia superados por ambiciones personales y conveniencias partidistas.

El camino desde luego es curioso, para dirigir la Fiscalía General del Estado normalmente se optaba por perfiles puramente técnicos, mientras que para el Ministerio primaban las afinidades políticas. Dolores Delgado, en cambio, accedió al Ministerio como técnica y a la dirección de la Fiscalía General como mujer de partido. Lo primero abrigaba cierta esperanza, lo segundo produce profunda consternación.

Con el nombramiento del nuevo ministro de Justicia, en cambio, se ha vuelto a criterios clásicos, ya que aunque Juan Carlos Campo sea juez de carrera, es una persona con una dilatada trayectoria política de la mano del PSOE. Como juez, presumo que conoce nuestros problemas, como ministro, confío en que sepa solucionarlos. Para ello es necesaria no solo la voluntad, también el consenso. Por ello, creo que un gran pacto de justicia que aborde cuestiones esenciales como la creación de los tribunales de instancia, la digitalización de la justicia, las reformas procesales para garantizar la agilidad y la eficiencia en la prestación del servicio, la configuración de una verdadera carrera profesional, el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, etc., es absolutamente imprescindible para seguir avanzando en la necesaria modernización de la justicia. Es posible que casi todos los ministros puedan generar ilusiones, lo difícil, en cambio, es que consigan colmar las expectativas.

Pablo Baró es magistrado y presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura en Cataluña