Parlament de Cataluña

El Parlament aprueba los presupuestos de Cataluña, que nacen desfasados por la crisis del coronavirus

El Govern consigue la abstención de Catalunya en Comú-Podem para dar luz verde a las cuentas de 2020 tras tres años acumulando prórrogas

Debate de los presupuestos de la Generalitat en el Parlament
El vicepresidente de la Generalitat y conseller de Economía, Pere Aragonés, durante una de sus intervenciones ante el pleno del Parlament que este viernes celebra el debate final de los presupuestos de la Generalitat para 2020. EFE/Job VermeulenJob VermeulenEFE

El Parlament ha aprobado esta tarde los primeros presupuestos de la Generalitat desde 2017. Tras tres años acumulando prórrogas -los últimos se aprobaron en la antesala del referéndum ilegal del 1 de octubre-, el hemiciclo ha dado luz verde a unas cuentas acordadas entre el Govern y Catalunya en Comú-Podem, aunque han quedado desfasadas por la crisis del coronavirus. El propio vicepresidente económico, Pere Aragonès, ha puesto de relieve que, pese al inesperado impacto de la pandemia, incluyen "más recursos y herramientas” que las de 2017. "Deberemos reorientar muchas herramientas, es cierto, pero siempre es mejor unos presupuestos de 2020 que no aprobarlos”, ha dicho.

Los nuevos presupuestos, aprobados con los votos de JxCat (34) y ERC (32) y la abstención de Catalunya en Comú-Podem (8) -C’s (36), PSC (17), PP (4) y CUP (4) han votado en contra-, incluyen una previsión de gasto de 27.584 millones de euros –en 2017 alcanzó los 24.442 millones de euros-. Sin embargo, como ha remarcado toda la oposición, las cuentas han quedado en papel mojado porque la crisis sanitaria del coronavirus ha alterado todas las proyecciones económicas.

El Govern, por tanto, tendrá que reasignar las partidas de gasto –el ejecutivo catalán, por ejemplo, ha estimado en 1.800 millones de euros el gasto adicional en salud por la pandemia- y recalcular los ingresos porque el escenario ha cambiado radicalmente, aunque también es cierto que, hasta ahora, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha descartado una subida de impuestos. El acuerdo presupuestario entre Govern y “comunes” ya incluye una reforma fiscal que también levantó cierta polémica entre socios de gobierno –JxCat y ERC-.

Aragonès ha admitido que son unos presupuestos que “no estaban pensados” para hacer frente a la crisis sanitaria, pero ha asegurado que “es evidente también que dan más herramientas”. “El presupuesto de hoy es más grande y tiene mas herramientas que el del 2017. La alternativa es continuar con los presupuestos de 2017 e ir funcionando con nuevos pedazos. Ahora tenemos más herramientas y recursos”, ha afirmado el vicepresidente de la Generalitat, quien ha considerado que las cuentas deben convertirse en la “primera piedra” de la “reconstrucción de Cataluña”.

A su juicio, son "un buen punto de partida”, que necesitará de “ajustes y reorientaciones para ofrecer respuestas a las urgencias del sistema sanitario y a las urgencias económicas y sociales”, y ha tendido la mano a la oposición, sobre todo, al PSC y la CUP para trabajar en la recuperación.

Comunes

La líder de los “comunes”, Jéssica Albiach, ha defendido la necesidad de aprobar los presupuestos porque elaborar unos nuevos llevaría “seis meses”. En este sentido, ha apuntado que la aprobación debe de ir acompañada de un “plan de choque” para reforzar el sistema público de salud; revisar el comportamiento de las empresas para garantizar que nadie hace un uso fraudulento de los ERTE; ampliar los recursos en Asuntos Sociales –desde infancia a residencias-; ayudar a los ayuntamientos, que están asumiendo competencias de otras administraciones en la lucha contra la crisis sanitaria; ampliar la cobertura de la renta garantizada de ciudadanía; priorizar la investigación y la ciencia y la protección a la industria; y, ayudar a autónomos, pymes y el sector de la cultura.

C’s, PSC y PP

El diputado de C’s, José María Cano, ha recordado que estos presupuestos iniciaron su tramitación en enero, bajo un escenario económico y social que “no tenía nada que ver con el de hoy”. “Estos presupuestos no tienen ninguna utilidad para los catalanes, son papel mojado”, ha afirmado Cano, quien ha pedido que se rehagan y ha tendido la mano para cambiarlos. El diputado naranja ha planteado el impulso de un foro autonómico para la reconstrucción de Cataluña desde el que empezar a trabajar juntos para los presupuestos de 2021.

La diputada del PSC, Alícia Romero, también se ha mostrado en la misma línea que Cano: por un lado, ha reiterado que los presupuestos son “estériles” porque no sirven para dar respuesta al actual contexto, y, por otro, ha tendido la mano para trabajar en las modificaciones de estas cuentas -ha pedido que se active una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios-. Romero ha reprochado que el Govern no haya ofrecido hasta ahora “un diálogo sincero” para abordar los presupuestos y ha lamentado que el ejecutivo catalán ha perdido la oportunidad de haber llegado al pleno de hoy habiendo negociado con todas las fuerzas los decretos de modificación de los presupuestos para que fueran aprobados “en un mes”.

El diputado del PP, Santi Rodríguez, ha subrayado que estos presupuestos se elaboraron hace meses, sin tener en cuenta el escenario actual, y ha rechazado el “mantra” de que aumentan el gasto en 3.000 millones de euros con respecto a los aprobados en 2017, ya que ha recordado que las cuentas liquidadas en 2019 han registrado un aumento del gasto de 3.600 millones de euros con respecto 2017. Además, a su juicio, los presupuestos “de hace dos meses” ya eran “insuficientes” para problemas anteriores a la crisis sanitaria, como el refuerzo de la atención primaria o la reducción de las listas de espera.

Elecciones

Los planes de Quim Torra pasaban por fijar una fecha para las elecciones en Cataluña una vez se aprobaran los presupuestos, pero la pandemia ha alterado el calendario y el president descarta por ahora anunciar la fecha. Cabe recordar, también, que el futuro de Torra al frente de la Generalitat está pendiente del Tribunal Supremo, que debe revisar la condena de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y, en caso de que la ratifique –hasta julio, previsiblemente, no habrá fallo-, le obligaría a abandonar el cargo, circunstancia que activaría la cuenta atrás hacia las urnas -los comicios con toda probabilidad se acabarían celebrando en otoño-.