El president de la Generalitat, Quim Torra, se ha desmarcado totalmente de la estrategia de Esquerra y ha trasladado esta mañana a Pedro Sánchez su posición contraria a la sexta prórroga del estado de alarma que se votará el miércoles en el Congreso. “El Govern rechaza la nueva prórroga”. “No ha existido en absoluto la cogobernanza”, ha afeado directamente en la reunión semanal con el Gobierno y los demás presidentes autonómicos. Un mensaje claro que contrasta con el pacto rubricado ayer entre La Moncloa y ERC para la abstención de los republicanos a cambo de ciertas concesiones en la gestión económica y social de la desescalada. “Lo que reclama la Generalitat, por respeto y defensa de sus competencias, es que termine mañana mismo”, ha advertido.

En este sentido, Torra ha querido mandar algún que otro dardo a Esquerra y ha reclamado “recuperar inmediatamente las competencias propias y la capacidad de gestionar la situación” -de forma implícita ha dejado claro que el pacto republicano es insuficiente- evidenciando las discrepancias con sus socios de gabinete. “Naturalmente que el estado de alarma acaba en fase tres, pero lo que reclama la Generalitat, por respeto y defensa de sus competencias, es que acabe mañana mismo”, ha reprochado Torra en referencia a uno de los puntos del acuerdo entre ERC y el PSOE por el que todas las autonomías que pasen a la fase 3 recuperarán las competencias centralizadas ahora en el Ministerio de Sanidad.

Entre el paquete de medidas que Torra ha vuelto a poner sobre la mesa en el foro con los demás presidentes autonómicos destaca “la necesidad urgentísima” de disponer de todos los recursos españoles y europeos y la gestión del ingreso mínimo vital y de los fondos europeos para la reconstrucción, este último uno de los puntos que incluye el acuerdo entre el Gobierno y ERC.

Asimismo, Torra también ha señalado que las últimas estimaciones sitúan en 5.000 millones el impacto económico derivado de la gestión sanitaria y asistencial de la Covid-19 y ha exigido de nuevo la flexibilización del déficit y que los ayuntamientos puedan usar el superávit acumulado.

A este paquete ya conocido desde el inicio de la pandemia ha vuelto a añadir dos peticiones más en su lista de “agravios": 9.000 millones que a su juicio el Estado debe a Cataluña -de la disposición adicional tercera del Estatut y de las cuentas pendientes por la ley de dependencia, por ejemplo- y acabar con el déficit fiscal.