La oposición carga contra la gestión de la pandemia de la Generalitat y pide comparecencias

Los grupos políticos de la oposición han pedido la comparecencia del presidente en funciones, Pere Aragonès, y los consellers Empresa -Ramon Tremosa- y Salud -Aba Vergès- para que den cuenta de sus actuaciones para afrontar la segunda ola de la pandemia. PP, Catalunya en Comú-Podem, Ciudadanos y PSC se han mostrado muy críticos con la gestión del Govern, ya que consideran que las medidas que están tomando son confusas o insuficientes.

El líder del PP, Alejandro Fernández, ha asegurado hoy que llevará al Parlament las reivindicaciones del Gremio de Restauración de Barcelona porque el cierre “absoluto” de bares es una “medida desproporcionada que no se ha aplicado en ningún otro lugar de Europa en primera instancia”. En este sentido, Fernández ha recordado que esta medida no está funcionando en términos sanitarios porque el ocio se está trasladando a “espacios no controlados” y ha criticado que no vaya acompañada de ayudas directas.

En este sentido, la diputada del Catalunya en Comú-Podem, Susanna Segovia, también ha valorado como “insuficientes” los 40 millones de euros que prevé el Govern para ayudar al sector de la restauración por el cierre y ha pedido la comparecencia de Aragonès y Tremosa. Asimismo, ha cargado contra la “confusión” que generan las medidas de la Generalitat: por ejemplo, la última, que ha entrado en vigor hoy y que consiste en cerrar todas las tiendas 24 horas a las 22 horas para evitar la venta de alcohol. “Hay que clarificar las prohibiciones y recomendaciones”, ha afirmado.

El candidato a la Generalitat de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, ha pedido la comparecencia de Vergès para que informe sobre cómo piensa afrontar la segunda ola de la pandemia y qué acciones está llevando a cabo para implementar medidas de control. Si bien, Carrizosa, que ha criticado la “mala gestión” de la Generalitat, también ha explicado que mantienen la mano tendida -por ejemplo, ha destacado un encuentro de trabajo con Tremosa recientemente-.

El diputado del PSC, Raúl Moreno, ha cuestionado la legalidad del decreto ley que ha aprobado hoy el Govern para ayudar a los bares y restaurantes y que consiste en la rebaja del 50 % del alquiler de los locales que tiene prohibido desarrollar actividad. En este sentido, ha recriminado que la Generalitat traslade la responsabilidad a los particulares y al Gobierno con esta medida y ha reclamado que dé “ayudas de compensación económica directa” al sector.

Foment

La patronal catalana, Foment, también ha rechazado “frontalmente” el decreto ley de la Generalitat porque “provoca inseguridad jurídica y es de dudosa constitucionalidad”. En este sentido, la organización presidida por Josep Sánchez Llibre propone promover la mediación entre propietarios y arrendatarios de los locales comerciales, pero “sin alterarla con una cláusula que adelanta el resultado final de la negociación”, en alusión a que la norma fija la rebaja en el 50%.

“La suspensión de la actividad en bares, restaurantes, gimnasios, centros de belleza y la consecuente pérdida de ingresos no puede ser asumida ni por los propietarios de los locales, ni tampoco por los empresarios, sino que se debe repercutir a la administración que ha ordenado el cierre de los negocios o ha limitado parcialmente su actividad”, defiende Foment en un comunicado.