Laura Borràs arrasa y será la candidata de JxCat a la presidencia de la Generalitat

Se impone con el 75% de los votos (2.954) frente a la candidatura más oficialista de Damià Calvet

La diputada Laura Borràs ha sido elegida como candidata a la presidencia de la Generalitat en las elecciones previstas para el 14 de febrero de Junts per Catalunya, con un 75,8% de los votos en las primarias del partido frente al otro aspirante, Damià Calvet
La diputada Laura Borràs ha sido elegida como candidata a la presidencia de la Generalitat en las elecciones previstas para el 14 de febrero de Junts per Catalunya, con un 75,8% de los votos en las primarias del partido frente al otro aspirante, Damià CalvetMarta PerezEFE

Laura Borràs será la candidata de Junts per Catalunya a la presidencia de la Generalitat en las elecciones del 14 de febrero. Así lo ha decidido la militancia del partido por amplia mayoría en unas primarias completamente telemáticas, marcadas por la pandemia, la pugna interna con la facción oficialista que representa Damià Calvet, el otro candidato, y el papel de Carles Puigdemont, quien no sólo ha renunciado a repetir como presidenciable sino que también se ha mantenido en un segundo plano a lo largo de los últimos días. Borràs, exconsejera de Cultura y actual líder de la formación en el Congreso, ha logrado el 75% de los votos (2.954) frente a los 799 de Calvet, titular de la cartera de Territorio en el Ejecutivo catalán. Una victoria inapelable que reafirma la línea más dura del partido.

La exconsejera de Cultura y líder en el Congreso asume la tarea ser la “candidata efectiva” de JxCat y plantar batalla a Esquerra, favorita en todas las encuestas publicadas hasta el momento para ganar en las urnas y convertirse en la fuerza hegemónica del independentismo. Intentar revertir los sondeos y luchar contra la fragmentación del espacio postconvergente tras la ruptura de Junts con el PDeCAT son ahora sus objetivos más inminentes en clave electoral.

Sin embargo, Borràs también deberá afrontar varios retos internos, en clave de partido. El primero es conocer la posición que ocupará Puigdemont en listas del 14-F –su entorno habla incluso de que concurra como número uno por Barcelona o por Girona- y la convivencia de los dos en un mismo espacio político tras los rumores de distanciamiento entre ambos. Y es que, desde 2017, el liderazgo de Puigdemont ha sido indiscutible, con el vicario Quim Torra en el Palau de la Generalitat y su victoria frente a Oriol Junqueras en las europeas del año pasado. Ahora, la elección de Laura Borràs -la candidata avalada por Quim Torra, alejado políticamente de Puigdemont y JxCat en los últimos meses- con un perfil mucho más independiente y ambicioso, podría llegar a suponer una amenaza y mermar el liderazgo del expresident dependiendo del resultado que obtenga en las elecciones.

La victoria de la exconsejera de Cultura en las primarias de este fin de semana ayuda a definir también el modelo de partido y candidatura que los poscontvergentes llevarán a las urnas. Borràs encarna la facción más beligerante y dura contra el Estado, al que señala una y otra vez para reivindicar el “legado del 1-O” desde el altavoz del Congreso. En la próxima legislatura apuesta por implementar la independencia -aunque sin desvelar plazos- y asegura que ella en el Govern siempre había actuado como Ministra de Cultura “del país” (y no como consejera de un Ejecutivo autonómico). Un detalle, este último, que sirve de ejemplo para entender su perfil, más combativo y discursivo que técnico.

Otra de sus señas de identidad son las críticas constantes a Esquerra, futuro rival en las urnas, a la que acusa de “autonomista” por su pacto con el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos para los presupuestos.

Frente a sus aspiraciones políticas se encuentra la causa investigada en el Supremo acerca de su gestión al frente de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) entre el 2013 y el 2017. En concreto, se investiga a la diputada por la presunta adjudicación irregular a un amigo de 18 contratos por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, unos hechos que, según el Supremo, podrían constituir presuntos delitos de prevaricación y malversación, entre otros.