Los socios de Sánchez llevan al Congreso la Ley de Amnistía

La amnistía ha entrado de lleno en la precampaña electoral catalana de la mano del independentismo. A las puertas de la convocatoria automática de elecciones el próximo 22 de diciembre, partidos y entidades redoblan la presión hacia el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos –coincidiendo con el debate sobre las peticiones de indultos y la reforma del delito de sedición– con una propuesta de ley de amnistía para todos los encausados y condenados desde 2013 que registrarán en el Congreso el 15 de marzo, un mes después de los comicios.

Así lo anunciaron ayer los partidos –JxCat, ERC, la CUP y el PDeCAT– y las entidades Òmnium y Amnistia i Llibertat –no la ANC– en una foto unitaria con claro aroma preelectoral para movilizar al electorado coincidiendo con la campaña. De hecho, este viernes el independentismo tiene previsto aprobar en el Parlament, donde suma mayoría absoluta, una propuesta de resolución sobre la amnistía –un mandato sin efectos jurídicos– que servirá a los partidos para dar el pistoletazo de salida a su particular campaña de presión hasta el mismo 15 de marzo, cuando registrarán en el Congreso la mencionada propuesta de ley orgánica. Justo cuatro semanas después de los comicios y, previsiblemente, en plenas negociaciones para formar gobierno en Cataluña dependiendo de los resultados de las urnas.

En el texto, el independentismo reclama la amnistía para todos los encausados y condenados a partir del 1 de enero de 2013, un periodo que afectaría desde al expresident Artur Mas hasta Carles Puigdemont y los dirigentes encarcelados. También a todas aquellas personas que por «actos de protesta en la vía pública que, con la finalidad de defender el referéndum o de criticar la actuación de las autoridades gubernamentales o jurisdiccionales hayan sido perseguidas penalmente o administrativamente desde la fecha de celebración del referéndum», según reza el texto. Es decir, a todos aquellos en el punto de mira por los altercados tras la sentencia del «procés» o por el 1-O, por ejemplo.

Las fuerzas independentistas aspiran a que con la amnistía los dirigentes encarcelados quedasen en libertad «de inmediato», se dejarían sin efectos «las órdenes de busca y captura nacionales, europeas e internacionales de los que estuvieran declarados en rebeldía» y se retirarían las condenas en un plazo máximo de «dos meses». También se tendrían que devolver las multas y los afectados no podrían ser «interrogados, detenidos, procesados» o siquiera «interpelados» por estos hechos en el futuro.

Y es que, según la propuesta de JxCat, ERC y la CUP, además del PDeCAT, la amnistía dejaría «sin efecto» los delitos de sedición, rebelión y desobediencia en las causas relacionadas con el «procés». También los de prevaricación, malversación, revelación de secretos, libertad de expresión y opinión en prensa. Quedan excluidos de la propuesta independentista los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.

Acto de precampaña

Con la organización del acto de ayer para presentar su propuesta de ley de amnistía, el independentismo quiso ofrecer cierta imagen de unidad en torno a sus dos grandes exigencias, la amnistía y el derecho a la autodeteerminación, que contrasta con las múltiples batallas internas en el Ejecutivo catalán y la división de estrategias con la que concurren a las urnas JxCat, ERC la CUP. De hecho, el independentismo quiere iniciar una campaña de recogida de firmas de aquí hasta el 15 de marzo –es decir, principalmente en periodo electoral– para recabar más apoyos a favor de la amnistía.

También ayer, la portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, aprovechó un acto con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, para reclamar negociar con el Gobierno la amnistía y la autodeterminación. «El diálogo es el camino y la Constitución nuestro marco», le respondió Darias después de que la semana pasada el PSOE dejara claro que la propuesta no tiene cabida en la Carta Magna.