España

El Tribunal de Cuentas se une a la Fiscalía e investiga Colau por subvenciones a ONG afines

La mayoría de ellas ya constan en la causa abierta por el Ministerio Público, como el Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la clausura de las jornadas "Barcelona reAct" para la reactivación económica de la capital catalana. EFE/Andreu Dalmau
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, durante la clausura de las jornadas "Barcelona reAct" para la reactivación económica de la capital catalana. EFE/Andreu Dalmau FOTO: Andreu Dalmau EFE

El Tribunal de Cuentas está investigando la concesión de subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona a entidades afines a la alcaldesa Ada Colau, según informa ‘El Mundo’. Esta investigación se une a la de la Fiscalía que hace un mes abrió una investigación por conceder 3,4 millones de euros en subvenciones supuestamente irregulares a entidades afines en las que Colau colaboró antes de saltar a la política.

Lo ha hecho a petición de una denuncia presentada por la Sociedad General de Aguas de Barcelona que acusa a la líder de los Comunes en la capital catalana y el concejal Eloi Badia de haber cometido ilegalidades en el proceso de impulso de la municipalización del agua en la ciudad. Según consta en esta denuncia, el consistorio habría concedido una “subvención desproporcionada” a asociaciones vinculadas con los políticos antes citados, como ‘Ingenieros sin Fronteras’.

De esta manera, el tribunal investiga el dinero público concedido a ONG asociadas como “amigas” del gobierno de Colau. La mayoría de ellas ya constan en la causa abierta por la Fiscalía de Barcelona, como el Observatorio DESC, Ingenieros Sin Fronteras, la PAH y la Alianza contra la Pobreza Energética. Los magistrados estudian si Colau y miembros de su ejecutivo podrían haber cometido delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación y tráfico de influencias.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación al admitir a trámite la denuncia que Abogados Catalanes por la Constitución ha interpuesto contra Colau, la exconcejal de Ciutat Vella Gala Pin, la exconcejal Laia Ortiz, la asesora municipal de Vivienda Vanesa Valiño, la teniente de alcalde Laura Pérez y la directora del Observatorio DESC, Irene Escorihuela.

La denuncia, por los delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, apunta a la “reiterada y presuntamente injustificada” concesión por parte del Ayuntamiento de Barcelona de subvenciones al Observatorio DESC, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la Alianza contra la Pobreza Energética (APE) o Ingenieros sin Fronteras (ESF).

La nueva denuncia se centra en la ONG Ingenieros Sin Fronteras, que ha recibido 852.633 euros en subvenciones del Consistorio entre 2016 y 2018 y 271.437 euros entre 2012 y 2015. Eso, para el denunciante, demuestra que “para promover la municipalización del agua”, Colau utilizó “entidades aparentemente independientes, pero que son financiadas directamente por el Ayuntamiento para crear un clima denigratorio” contra el actual gestor, Aguas de Barcelona. Sin embargo, también se denuncian otras organizaciones de la misma órbita, como el Observatorio DESC, que recibió más de medio millón de euros entre 2016 y 2018 o la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona, que casi recibió la misma cantidad.

Según la alcaldesa, tanto la Secretaría como los servicios jurídicos municipales mantienen que “no hay nada desfavorable” en la adjudicación, aunque sí hay un comentario general del interventor que recuerda que las subvenciones se tienen que adjudicar por concurrencia pública o consolidando presupuesto siempre que se pueda.

Ya en el año pasado, un informe elaborado por Ciudadanos reflejaba que, de todos los contrautos municipales, un total de otros 279 se realizaron justo por debajo del límite legal desde el año 2017 hasta ese momento. El montante de esos contratos alcanzaba casi 5,7 millones de euros. La formación naranja también ha fiscalizado el posible fraccionamiento, encontrando indicios de que casi 6,9 millones de euros fueron adjudicados irregularmente mediante contratos menores cuando se tendrían que haber convocado concursos públicos. Están bajo sospecha, pues, casi 13 millones de euros. Ciudadanos resalta que este ‘modus operandi’ demuestra que hay una “clara intención de eludir la normativa de contratación del sector público en beneficio de determinadas empresas de las contrataciones del Ayuntamiento”.