El independentismo convierte el Parlament en el nuevo escaparate de los indultados del 1-O

El independentismo ha convertido el Parlament en el nuevo altavoz, la nueva plataforma de los indultados del 1-O y de las distintas causas que penden del «procés». La maniobra la inició la propia presidenta Laura Borràs (JxCat) al poner la cámara a disposición de los nueve excarcelados desde el día en que Pedro Sánchez confirmó las medidas de gracia en el Liceu. Dicho y hecho: al homenaje oficial de este lunes en la Generalitat y el propio Parlament, Borràs convocó a los trabajadores de la cámara –funcionarios públicos– a asistir al evento vía correo electrónico, según pudo comprobar este diario.

«Hoy [por el lunes] abro las puertas de la institución a la presidenta Carme Forcadell, los miembros del Govern legítimo destituidos por la aplicación del artículo 155 y los líderes sociales encarcelados después del 1-O». Así describió Borràs a los nueve condenados por el «procés» e indultados por el Gobierno antes de proseguir a explicar brevemente el acto en el correo. «Las dos presidentas [por ella misma y Forcadell] dirigiremos unas palabras a los diputados y trabajadores del Parlament», describió para luego pedir directamente que confirmaran asistencia alegando las medidas anti-Covid». Una lista de trabajadores y asistentes para saber quién estaría en el homenaje a los indultados del «procés», que sumaba «de facto» a los funcionarios públicos sin carné de partido.

Sobre el acto en cuestión, la presidenta del Parlament no dudó en poner la cámara al servicio de los indultados para rendirles un «homenaje oficial» para el que habilitó el auditorio, el espacio en el que se celebró, por ejemplo, el primer intento de investidura fallido del republicano Pere Aragonès. El tributo asistieron la propia Laura Borràs, acompañada por los expresidentes de la Cámara Joan Rigol y Roger Torrent, así como los miembros independentistas de la Mesa Alba Vergés (ERC) y Pau Juvillà (CUP), entre otros.

Cabe recordar que Laura Borràs se ha rodeado de afines –con una nueva secretaria general, por ejemplo– para tratar de reimpulsar el «procés» en esta nueva etapa que se avecina.

Al acto del lunes del Parlament le siguió ayer el retorno simbólico de uno de sus máximos protagonistas, Oriol Junqueras. Pese a la inhabilitación por desobediencia que le impide ocupar un cargo público hasta dentro de diez años, el republicano ha vuelto a la primera línea política y ha cogido las riendas de Esquerra, su partido, desde el minuto uno. Ayer regresó a la cámara junto a Raül Romeva, vicesecretario de ERC, y ambos estuvieron en el encuentro del grupo parlamentario republicano coincidiendo con la reclamación del Tribunal de Cuentas y pocas horas antes de la cita entre el president Aragonès y Pedro Sánchez en la Moncloa.

Y es que ERC ensaya la bicefalia al estilo PNV –Andoni Ortuzar en el partido e Iñigo Urkullu de lehendakari en Ajuria Enea (con permiso de Aitor Esteban en el Congreso)–, con Oriol Junqueras al frente de la fuerza mayoritaria del independentismo y Aragonès en el Ejecutivo de la Generalitat. Los republicanos, por tanto, se aseguran un importante liderazgo interno, la influencia de su presidente y la proyección de ser la principal formación independentista por delante de Junts, con Carles Puigdemont en Waterloo.

A todo ello hay que sumarle el anuncio y la voluntad del president Pere Aragonès de comparecer la semana que viene –el próximo 7 de julio– en el Parlament a petición propia para posicionarse sobre la «judicialización» de la política, lo que incluye los indultos pero también todos los procesos que siguen abiertos contra independentistas. La Mesa del Parlament y la Junta de Portavoces acordaron ayer en sus respectivas reuniones que la comparecencia del president tendrá lugar en el pleno de la semana próxima.

El president quiere comparecer para explicar lo que comportan los indultos, pero también para fijar la estrategia de la Generalitat tras haberse reunido con el Gobierno en la Moncloa y el posicionamiento ante la liquidación del Tribunal de Cuentas, que fija en 5,4 millones las fianzas provisionales a una treintena de ex altos cargos del Govern por los gastos vinculados a la internacionalización del «procés».