Borràs hace cambios en el Parlament para resucitar el “procés”

La presidenta del Parlament, Laura Borràs, ha advertido desde el primer momento que esta legislatura tiene previsto enmendar el rumbo que tomó su antecesor (Roger Torrent) y convertir la cámara catalana en un bastión del independentismo infranqueable al Estado: es decir, acelerar el “procés” y, cuando haga falta, desobedecer cualquier aviso que pueda llegar de los tribunales españoles.

En este sentido, tras tres meses a los mandos del hemiciclo ya ha tomado decisiones también sensibles como el nombramiento de dos cargos estratégicos y muy relevantes en el Parlament: la figura de secretario general y la de letrado mayor. Ambos puestos han tenido mucha importancia en los últimos años porque el primero es el máximo responsable de la administración de la institución y el segundo es quien asesora jurídicamente a Borràs y el resto de miembros de la mesa del Parlament.

Como nueva secretaria general estará Esther Andreu, jurista y funcionaria del Parlament. Su papel se antoja sensible porque su predecesor en el cargo (Xavier Muro) estuvo en el punto de mira en la pasada legislatura por acatar la petición de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar a Quim Torra su acta de diputado cuando fue condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a 18 meses de inhabilitación.

Muro acató la orden de la JEC sin esperar a que la sentencia fuese firme y eso desató el rechazo y el malestar de JxCat hasta el punto que Borràs, desde que asumió la presidencia del Parlament, ya dejó entrever que iba a relevarle para alinear a la cámara catalana con el objetivo de la independencia de Cataluña. Ahora, Andreu, se podría encontrar con una nueva situación similar durante esta legislatura: si la causa judicial contra Borràs (por la presunta adjudicación a dedo de contratos públicos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas) prospera y queda inhabilitada, también tendrá que decidir si obedece y le retira el acta o le mantiene.

En el caso del nuevo letrado mayor, Miquel Palomares, tiene apenas funciones ejecutivas y se limita únicamente a asesorar jurídicamente a la Mesa del Parlament. Su función si puede albergar más polémicas porque se puedan votar a lo largo de la legislatura iniciativas controvertidas –como alguna relacionada con el derecho de autodeterminación o contra la Monarquía, que pueden bordear la ilegalidad- y ahí su palabra cuenta e influye, aunque, en ningún caso, es vinculante -los informes que elaboran asesoran-.

Según explican en círculos parlamentarios, ambos nombramientos obligan a “estar en guardia” por cómo se han producido, aunque, de entrada, se prevé que actuarán con “total profesionalidad” y no incurrirán en ninguna ilegalidad. “Son juristas y funcionarios de carrera”, señalan. Además, el contexto, contribuirá porque todo apunta a que, por lo menos, durante los dos próximos años habrá una “tregua” al explorarse la vía de diálogo entre el Govern y el Gobierno.

“Cuando Borràs ha escogido a ambos será porque han hablado muy bien los términos en los que desarrollarán sus funciones”, añaden, haciendo referencia también a las presiones que recibió Muro o los predecesores en el cargo de letrado mayor (Joan Ridao o Antoni Bayona) para que sus posiciones estuvieran alineadas con el independentismo.

Borràs, además de tener voluntad de poner al Parlament al servicio del “procés”, también ha advertido en las últimas horas que abrirá las puertas del hemiciclo para recibir a los presos, indultados por el Gobierno. En este sentido, habrá que ver bajo qué formato porque los nueve continúan inhabilitados para ejercer cargos públicos.