El Govern admite que el fondo del “procés” servirá para causas futuras pese al alud de recursos

La creación de un fondo público con una aportación inicial de 10 millones de euros para avalar de forma externa las multas del “procés” ha sido el tema estrella del pleno del Parlament, una sesión en medio de la quinta ola de la pandemia, tras los indultos y una semana después de la reunión entre Pedro Sánchez y pere Aragonès en la Moncloa. Sin embargo, la cuestión del día ha sido de nuevo el Tribunal de cuentas y los 5,4 millones de euros en conceptos de fianzas a 34 altos cargos y exresponsables del Govern –entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras– por los gastos destinados a promocionar el «procés» en el plano internacional entre 2011 y 2017. El president y varios de los consejeros del Govern -Laura Vilagrà (Presidència) o Jaume Giró (Economía- se ha esmerado en varias ocasiones en defender su “legalidad” entre críticas de la oposición y el anuncio de querella de Vox.

“Estamos determinados a defender el buen trabajo de los trabajadores públicos”, ha dejado claro Aragonès desde el minuto uno para pasar a desgranar luego los argumentos y su defensa cerrada del fondo. Primero, ha garantizado que “no hay desplazamiento patrimonial en ningún caso” y que la cobertura de riesgo es menor que las que tienen algunas Comunidades Autónomas y el Gobierno central. Y aquí ha señalado que este fondo complementario de riesgos es similar a pólizas de seguros que tienen otras comunidades autónomas.

Sin embargo, el propio Giró ha reconocido hoy que el fondo va más allá de la causa del Tribunal de Cuentas y servirá también para el futuro, para otras causas judiciales relacionadas con el “procés”. El consejero de Economía ha asegurado que el mecanismo ideado es para “hacer política sin miedo a que te embarguen”. Ha negado que haya “malversación” y ha afirmado que el fondo va más allá de las multas impuestas por el órgano fiscalizador. Es un instrumento para “restablecer un espacio de libertad para hacer política en Cataluña, hacer política sin miedo a que te embarguen”.

El citado fondo del “procés” se ha aprobado mediante un decreto ley que ha entrado en vigor hoy mismo, estará gestionado en un inicio por el Institut Català de Finances y se vehiculará a través de una entidad bancaria privada. Es decir, será la entidad financiera la que avale la cantidad concreta requerida con el contraaval de garantía del fondo público de la Generalitat, de 10 millones de euros. Un mecanismo complejo -”bloquear un dinero para un aval” durante un tiempo “concreto”, en palabras del titular de Economía, Jaume Giró- para tratar de blindar a la institución ante los riesgos judiciales que entraña la maniobra. La Generalitat ya dijo este martes que su creación no era ‘ad hoc’, exclusiva para la causa del Tribunal de Cuentas, algo que quedó en un segundo plano por la novedad del anuncio en sí.

Una maniobra que ha provocado severas críticas por parte de la oposición: PP, Cs y Vox han anunciado que llevarán a la Justicia el decreto ley por el cual se crea el Fondo Complementario de Riesgos de la Generalitat de Cataluña, y el partido de Abascal se querellará contra Aragonès.

El líder del PP, Alejandro Fernández, tildó de «inmoral» que el Govern cree el fondo para pagar fianzas de exaltos cargos de la Generalitat en plena situación de pandemia y con «las necesidades sociales» que comporta, y anunció el citado recurso. «Si se atreven y salen adelante con la maniobra, lo llevaremos ante la justicia porque los catalanes estamos hartos de pagar el pato de sus irregularidades», remachó en otra intervención Lorena Roldán (PP).

Querella de Vox

El líder de Vox en la cámara, Ignacio Garriga ha asegurado que llevarán el asunto a los tribunales impulsando también una querella por malversación de fondos públicos: «Ha empezado su cuenta atrás como presidente», ha avisado a Aragonès, quien le ha replicado que si empieza o no su cuenta atrás deberá decidirlo el Parlament, y no Vox.