Cataluña despide medio siglo de peajes bajo la amenaza de volver a pagar a partir de 2024

Ha llegado el momento. Cataluña, que concentraba el mayor porcentaje de vías de pago en 2018 de toda España (el 52%), reducirá sustancialmente la carga de peajes a partir del miércoles (1 de septiembre) con la finalización de la concesión de dos autopistas de titularidad estatal y otras dos de la Generalitat. En concreto, serán las autopistas AP-7 entre Salou y la Jonquera y la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell; y, la C-32 norte (Maresme) y la C-33 (entre Barcelona y Montmeló). En total, son más de 400 kilómetros y un ahorro para los usuarios estimado por el Gobierno de hasta 752 millones de euros anuales.

En la autonomía quedarán ya solo cuatro peajes a partir del próximo miércoles: el Túnel del Cadí (Lleida), el tramo Sant Cugat-Manresa (Barcelona) de la C-16, el tramo Castelldefels -El Vendrell de la C-32 y los Túneles de Vallvidrera (Barcelona). Todas estas concesiones finalizan entre el 2036 y 2039, aunque el vicepresidente de la Generalitat, Jordi Puigneró, reclama al Gobierno que rescate estos cuatro tramos que suman 120 kilómetros para que queden libres de peaje a pesar de que el coste estimado de esta operación para las arcas estatales sería de 1.500 millones de euros.

No obstante, esta reducción de peajes tiene visos de convertirse en un paréntesis. La Unión Europea exige a todos los países miembros que, a partir de 2024, todas las vías de alta capacidad sean nuevamente de pago y que este pago sea por uso y mayor cuanto más se contamine. En este sentido, está por ver aún qué fórmula se acaba empleando ya que el Gobierno todavía sigue sin concretarlo (se ha especulado con el pago por kilómetro) mientras la Generalitat apuesta por la viñeta (una tarifa plana para hacer un uso ilimitado de las vías). Si bien, en las últimas semanas, Puigneró ha cedido la iniciativa al Gobierno para evitar cargar con una decisión impopular (hacer volver a pagar a los usuarios).

Ante la diferencia de sistemas de pago, la Generalitat exige el traspaso de las autopistas de titularidad del Estado para que todas las vías que atraviesen Cataluña se rijan por el mismo criterio. En cualquier caso, el levantamiento de los peajes ha animado a organizaciones que llevaban años reclamando su abolición a salir el 31 de agosto a festejarlo. En Cataluña ha habido mucha sensación de agravio al ver cómo los usuarios pagaban más por las vías de alta capacidad que en otras partes de España.

Lo cierto es que mientras se estudian estas fórmulas de pago para los usuarios de las vías, la conservación y mantenimientos de las autopistas pasarán a cargo de las administraciones públicas. En este sentido, el Ministerio de Transportes licitó ya en abril siete contratos por un importe de 137 millones de euros para la gestión de las autopistas AP-2 y AP-7 que quedarán libres de peajes a partir del 1 de septiembre. En el caso de las autopistas C-32 y C-33 será la Generalitat quien se encargue de su mantenimiento y tendrán un coste total de seis millones de euros anuales.

De esta manera, de entrada, el Gobierno tendrá que asumir un coste de 137 millones de euros por la conservación y mantenimiento de la AP-2 y la AP-7, pero también permitiráun ahorro de entre 515 millones(teniendo en cuenta los 13 millones de desplazamientos actuales) y 752 millones de euros anuales (teniendo en cuenta el potencial aumento del tráfico que se pueda registrar) para los usuarios.

La gratuidad de estos tramos, no obstante, también comportará más dificultades en la circulación. Como ha quedado demostrado en la AP-7 tras ser liberada de peajes entre Salou y Alicante desde enero de 2020, el aumento de tráfico con vehículos (principalmente, camiones) que circulaban por carreteras convencionales ha sido sustancial.

Transición

El Gobierno y la Generalitat prevén destinar 25,9 millones de euros de inversión para desmontar la infraestructura de los peajes de las cuatro autopistas. En concreto, el Ministerio de Transportes destinará 18,4 millones de euros (a los que tendrán que sumarse 8,8 millones en impuestos), para la eliminación de los 48 puntos de pago que existen en la AP-7 y la AP-2. Las obras en las dos vías de titularidad estatal tienen un plazo máximo de seis meses, es decir, hasta el 28 de febrero de 2022.

La Generalitat, por su parte, destinará 7,5 millones de euros para la eliminación de las 38 infraestructuras de peaje que hay en las dos autopistas autonómicas. La Generalitat prevé que los peajes troncales -dos en la C-32 y el de la C-33- estén completamente desmantelados antes de fin de año y que los peajes en las entradas y salidas de la C-32 se eliminen durante el primer semestre de 2022. Mientras se desmantelan, se podrá circular a una velocidad máxima de 30 kilómetros por hora.