Bruselas da por hecho que España tendrá peajes desde 2024

Bruselas da por descontado que las vías de gran capacidad estatales de España tendrán peajes a partir de 2024. Así lo refleja la Comisión Europea en el informe sobre el plan de recuperación de España, al que dio luz verde el pasado miércoles.

En un anexo de este documento en el que la Comisión describe las reformas que el Gobierno ha trasladado para lograr una movilidad sostenible, segura y conectada, asegura que uno de los puntos fundamentales del plan es la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación que está preparando el Gobierno. Esta normativa, según el documento, «deberá prever, al menos, el establecimiento de un mecanismo de pago por el uso de las carreteras del Estado que se introducirá a partir de 2024 de acuerdo con el principio de «quien contamina paga». El objetivo de tal medida, según añade el anexo, es «internalizar el costo externo del transporte por carretera, creando así incentivos para una mayor eficiencia en este sector y que conduzca a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero».

La ley, que incluye otros aspectos como el establecimiento de un sistema predecible de financiación para el transporte urbano en todos los municipios o la incorporación de mecanismos para que la planificación de infraestructuras incorpore análisis de beneficios económicos y sociales, deberá estar aprobada antes del 31 de diciembre de 2023, según explica la Comisión Europea.

No obstante, en otro de los apartados del informe dedicado a las reformas fiscales necesarias para contribuir a la transición ecológica, se asegura que, entre el paquete de medidas que deben estar a punto para el 30 de junio de 2022, se incluyen «las tasas o pagos relacionados con la movilidad, como los peajes para las carreteras, el impuesto de circulación o la revisión de los subsidios que se conceden para los combustibles fósiles».

Dinero para conservación

Hasta ahora, el Gobierno se había limitado a asegurar que la posible implantación de los peajes esbozada en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas no se abordaría hasta que la recuperación no hubiese cobrado vigor, rebajando el año 2024 a posible fecha orientativa después de haberla incluido en el propio plan. Tras la polémica que suscitó el conocimiento de la medida, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, afirmó que la única intención de mencionarla en el proyecto era “abrir un debate” sobre la cuestión y que, en ningún caso, se implantarían peajes sin el consenso del resto de fuerzas políticas.

Los plazos tampoco dan demasiado margen para adelantar el pago por uso dado que, según el Ejecutivo, es necesario un mínimo de dos o tres años para la implantación del sistema que, en ningún caso, y como se pensó en un primer momento, está pensado para todas las carreteras. El Ejecutivo incluyó en el documento remitido a Bruselas que el sistema podría ser «escalable y progresivo» para referirse a que podría ser de aplicación en vías de gran capacidad de gestión autonómica.

En cuanto al modelo a implantar, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana aseguran que no hay nada decidido. Lo que tienen claro es que la tarifa estaría más cerca del céntimo por kilómetro que de lo que demanda Seopan, la patronal de las concesionarias. Esta organización, en su última estimación, considera que sería necesario aplicar un pago de 9 céntimos por kilómetro para asegurar una cantidad de ingresos suficiente con la que mantener las carreteras. Pero el Gobierno asegura que bastaría con un peaje mucho más bajo y cercano al céntimo. El coste de implantar el pago por uso oscilaría entre los 165 y 192 euros anuales por coche.

Como defienden desde Transportes, el déficit de conservación de las carreteras exige tomar medidas para su financiación. En la actualidad, los Presupuestos del Estado incluyen una partida de unos 1.000 millones para conservación de carreteras. Una partida a todas luces insuficiente pues, según cálculos de la Asociación Española de Carreteras (AEC), la red arrastra un déficit de conservación de 8.000 millones.